Por: Alejandro Ramírez
CDMX.-9 DE OCTUBRE DEL 2026 (Archivo Digital).-
México necesita fortalecer el combate al contrabando, la piratería y el comercio ilícito para proteger la industria nacional, las cadenas de suministro, la recaudación y el empleo formal, coincidieron la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Durante el Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, industriales, autoridades y especialistas analizaron el impacto de estos mercados ilícitos y plantearon acciones para pasar de una estrategia reactiva a una de prevención, inteligencia y coordinación.
La presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que los mexicanos gastan más de 63 mil millones de pesos al año en productos pirata, fenómeno que afecta sectores como textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco, además de generar pérdidas fiscales y colocar a las empresas formales en desventaja frente a quienes evaden impuestos y regulaciones.
Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, director general del ONC, advirtió que en México lo ilegal se ha vuelto común e incluso se ha normalizado, lo que favorece la demanda de productos apócrifos y genera pérdidas económicas, fiscales y de empleo.
En el sector tabacalero, Gastón Zambrano Margain, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), destacó que Actualmente el 26% del consumo total de cigarros corresponde a productos ilegales, equivalente a más de 9 mil millones de unidades al año, y estimó una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos anuales, recursos que dejan de destinarse a infraestructura, salud, educación y programas sociales.
“Aproximadamente uno de cada cuatro cigarros consumidos en México es ilegal. Una de las principales causas es la fuerte diferencia de precios: mientras una cajetilla legal ronda los $100 pesos, una ilegal puede costar desde $20 pesos. Esta brecha incentiva a los consumidores a optar por productos más baratos ilícitos, en un contexto donde los impuestos representan cerca del 70% del precio final de una cajetilla legal”. apuntó el presidente de CONAINTA.
Por su parte, Mario Vignettes del Olmo, analista de la consultoría Adrech, exhortó a la sociedad civil no claudicar ni renunciar a su demanda para exigir el efectivo ejercicio del Estado de Derecho, pues sólo a través de la aplicación de las leyes es como se podrá combatir flagelos lascivos para la sociedad, como el caso de la violencia y el robo de mercancías.
Con este acuerdo, ambas instituciones refrendan su compromiso de pasar del diagnóstico a la acción y construir, junto con autoridades, empresas y especialistas, una agenda nacional para combatir el comercio ilícito y proteger las cadenas productivas.
