Hugo Ramírez Pulido
Antes que un dato financiero, una mejor calificación crediticia representa un mensaje sobre la manera en cómo se está administrando un gobierno. Más allá de los tecnicismos de las agencias calificadoras, el incremento de la nota de Colima de HR BBB+ a HR A- por parte de HR Ratings abre un analisis de fondo: ¿es posible reconstruir unas finanzas públicas después de haber recibido una administración con severos problemas de endeudamiento y liquidez? La respuesta, al menos desde los indicadores actuales, parece ser afirmativa.
Durante décadas, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de Colima no fue únicamente la falta de recursos, sino la incapacidad de administrar con eficacia los existentes.
La falta de pago oportuno de los sueldos a los trabajadores del Gobierno del Estado dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica recurrente durante administraciones pasadas. Como si ello no fuera suficiente, las consecuencias de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas terminaban descargándose sobre quienes menos responsabilidad tenían: cientos de trabajadores fueron despedidos para intentar contener una crisis provocada por la falta de disciplina financiera, la mala planeación y decisiones administrativas que comprometieron la estabilidad del estado.
Gobiernos acumulando deuda, comprometiendo ingresos futuros, recurriendo constantemente al financiamiento y dejando cada vez menos margen de maniobra para atender las necesidades de la población provocaron una situación financiera que limitó la capacidad del Estado para responder a los desafíos sociales.
Cuando Indira Vizcaíno Silva asumió la gubernatura, heredó un escenario complejo. No se trataba únicamente de un pasivo cuantificable en cifras; recibió un gobierno cuya capacidad operativa estaba comprometida por obligaciones financieras acumuladas durante años. En esas condiciones, la prioridad no podía ser otra que recuperar el equilibrio de las finanzas públicas, aun cuando ello implicara tomar decisiones difíciles y poco visibles políticamente.
Cinco años después, diversos indicadores permiten observar una trayectoria distinta. La reciente mejora en la calificación crediticia otorgada por HR Ratings, al pasar de HR BBB+ a HR A-, constituye uno de los reconocimientos más relevantes a esa estrategia de saneamiento financiero. Más que una simple modificación de letras en una escala técnica, esta evaluación representa el respaldo de un organismo especializado que analiza la capacidad de pago, la estabilidad presupuestal, el nivel de endeudamiento y la fortaleza financiera de una entidad.
El ascenso a la categoría A- no ocurre por casualidad ni responde a un solo ejercicio fiscal. Es el resultado de varios años de disciplina presupuestaria, control del gasto, fortalecimiento de los ingresos propios y reducción gradual de los pasivos. Alcanzar una calificación que el estado no registraba desde hace más de una década habla de una tendencia sostenida y no de un logro circunstancial.
En este contexto, el papel de la gobernadora Indira Vizcaíno resulta determinante. Desde el inicio de su administración estableció como una de sus prioridades rescatar las finanzas estatales, convencida de que ningún programa social, proyecto de infraestructura o estrategia de seguridad puede sostenerse sobre una estructura financiera debilitada. Gobernar también implica administrar con responsabilidad, y esa visión parece reflejarse hoy en los resultados que muestran los indicadores financieros.
Una administración financieramente sana no genera los mismos titulares que una gran obra pública, pero sus efectos terminan siendo mucho más profundos y duraderos. Cuando un gobierno reduce el costo de su deuda, fortalece su liquidez y mejora su capacidad crediticia, libera recursos que antes se destinaban al pago de intereses para orientarlos hacia donde realmente hacen falta: escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales, seguridad pública y servicios para la población.
La recuperación financiera, además, envía un mensaje importante hacia el exterior. Los inversionistas nacionales e internacionales observan con atención la estabilidad de las finanzas públicas antes de decidir instalar empresas, desarrollar proyectos de infraestructura o generar empleos. Una mejor calificación crediticia significa que Colima proyecta hoy una mayor confianza institucional y una menor percepción de riesgo, elementos indispensables para impulsar el crecimiento económico.
No es menor tampoco el efecto sobre las futuras administraciones. Un gobierno que logra reducir la deuda y ordenar sus finanzas no solamente mejora las condiciones del presente; también evita trasladar cargas financieras a quienes gobernarán después. Esa es quizá una de las formas más responsables de ejercer el servicio público: pensar más allá del periodo de gobierno y construir bases para el largo plazo.
Desde luego, una buena calificación financiera no significa que todos los problemas de Colima estén resueltos. Persisten retos importantes en materia de seguridad, desarrollo económico, salud e infraestructura. Sin embargo, resulta difícil imaginar soluciones duraderas para cualquiera de esos desafíos si el Estado carece de estabilidad financiera. El orden en las finanzas no garantiza por sí mismo el desarrollo, pero sí constituye una condición indispensable para hacerlo posible.
Por ello, el reconocimiento otorgado por HR Ratings debe entenderse como algo más que un indicador técnico. Refleja una administración que, de acuerdo con esa evaluación, ha logrado avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas mediante una estrategia de disciplina fiscal y fortalecimiento institucional. En ese proceso, la conducción de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva aparece como un factor central para recuperar la confianza en la capacidad financiera del Estado y devolverle el margen de acción para reactivar las obras y programas para beneficiar a las y los colimenses.
La reflexión es inevitable. Durante muchos años se normalizó la idea de que endeudarse era la única alternativa para gobernar. Hoy, la experiencia de Colima plantea una discusión diferente: la responsabilidad financiera también puede convertirse en una política pública con efectos tangibles para la ciudadanía.
Porque cuando las finanzas se administran con visión, transparencia y disciplina, los principales beneficiarios no son los indicadores económicos, sino las familias que esperan mejores servicios, más inversión y un gobierno con capacidad real para responder a sus necesidades.
En política, los resultados suelen medirse por las obras que se inauguran. Sin embargo, existen logros menos visibles pero igualmente trascendentes. Recuperar la salud financiera de un estado representa precisamente uno de ellos. Quizá no genere la espectacularidad de un gran proyecto, pero sí construye el cimiento sobre el cual puede edificarse un futuro con mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades para Colima.
