Ana Karen Hernández Aceves.
Hay debates que enriquecen a una democracia. Hay ideas sobre las que podemos discrepar, argumentar, encontrar puntos de encuentro o simplemente aceptar que pensamos distinto.
Pero también hay principios democráticos que, después de décadas de lucha, están fuera de discusión y así deben permanecer.
El derecho de las mujeres a votar es uno de ellos.
Por eso resulta preocupante que en Estados Unidos haya ganado visibilidad una corriente que propone sustituir el voto individual por el llamado household voting o “voto por hogar”: que una sola persona vote en representación de toda una familia.
Y preocupa todavía más que esa idea ya haya encontrado eco en México.
En nuestro país, militantes y representantes del Partido Acción Nacional planteen públicamente la posibilidad de votar “por casa, por familia”, mediante una persona que represente electoralmente al resto del hogar. En su propio ejemplo, esa persona piensa en “su esposa” y sus hijos.
No estamos hablando simplemente de una ocurrencia extravagante en redes sociales. Estamos hablando de una idea que toca uno de los fundamentos de nuestra democracia: cada ciudadana y cada ciudadano es una persona libre, con derechos políticos propios y con la capacidad de decidir por sí misma el rumbo de su país.
Las mujeres no somos una extensión política de nuestros esposos, padres, hermanos o parejas. No necesitamos que alguien interprete nuestras necesidades, ni, mucho menos, que nadie decida por nosotras. Ni decidir qué candidato o candidata nos conviene, ni decidir nada.
No necesitamos que nadie vote por nosotras y es una aberración democrática y un planteamiento indigno que alguien se atreva a plantearlo.
El sufragio femenino en México no fue un regalo ni una concesión. Fue una conquista después de una larga lucha de generaciones de mujeres que exigieron algo que hoy consideramos elemental: ser reconocidas plenamente como ciudadanas.
Las mexicanas ejercieron por primera vez el derecho al voto en una elección federal en 1955. Tuvieron que pasar décadas de organización, movilización y lucha para conseguirlo.
Por eso me parece especialmente grave intentar presentar una regresión semejante como una nueva discusión intelectual sobre la familia o sobre la democracia.
No lo es. Quitarle autonomía política a una mujer no fortalece a la familia. Debilita a la mujer.
Y una familia tampoco piensa necesariamente de una sola manera. En una misma casa puede haber personas con ideas políticas distintas, religiones diferentes, proyectos de vida propios e incluso visiones opuestas sobre el país. Eso también es libertad.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó con enorme claridad al preguntar qué ocurriría, bajo esta lógica, con una madre soltera o con las distintas formas de familia que existen en nuestro país. Y calificó este planteamiento como absurdo, antidemocrático y regresivo.
Coincido plenamente.
Además, estoy convencida de que este episodio también debe servirnos para algo más: para entender que ningún derecho conquistado debe darse eternamente por sentado.
La historia no necesariamente avanza siempre hacia adelante.
Los derechos pueden ampliarse, pero también pueden ponerse en riesgo cuando una sociedad comienza a normalizar discursos que antes habría considerado inaceptables. Ahí está precisamente el peligro.
Una idea profundamente antidemocrática no necesita convertirse mañana en una iniciativa de ley para hacernos daño. Basta con comenzar a circular sin resistencia, convertirse en tema de conversación, encontrar defensores y poco a poco instalarse dentro del espectro de aquello que consideramos políticamente “discutible”.
Por eso hay momentos en los que la ambigüedad no alcanza.
Reconozco que ha habido voces dentro del propio PAN que se han deslindado de este planteamiento. Pero considero que, frente a una idea de esta gravedad, las dirigencias nacionales de los partidos políticos deben fijar una posición inequívoca: el voto es individual y los derechos políticos de las mujeres no están a discusión.
No se trata de sacar ventaja partidista. Se trata justamente de establecer un límite democrático compartido por todas las fuerzas políticas.
Porque cuando está en juego un derecho fundamental, el silencio, la tibieza o la ambigüedad ayudan a normalizar aquello que nunca debería normalizarse.
Y nuestra respuesta como mujeres tampoco puede limitarse a defender lo que ya tenemos. No llegamos hasta aquí para quedarnos quietas. Nunca más nos quedaremos “calladitas”.
Nuestra generación tiene la responsabilidad de proteger las conquistas de quienes estuvieron antes que nosotras, pero también de ampliar los derechos de quienes vienen detrás.
Queremos más mujeres votando. Más mujeres estudiando. Más mujeres trabajando con autonomía económica. Más mujeres participando en política y cambiando para bien realidades de comunidades enteras. Más presidentas municipales, legisladoras, gobernadoras y servidoras públicas.
Más mujeres tomando decisiones sobre sus comunidades, sobre sus vidas y sobre el país que quieren construir.
México tiene hoy, por primera vez en su historia, a una mujer en la Presidencia de la República. Millones de niñas están creciendo sabiendo que el máximo espacio de decisión política del país también puede ser ocupado por una mujer.
Resultaría absurdo que mientras millones de mexicanas derriban los últimos techos de cristal, alguien pretenda convencernos de regresar a una época en la que otro decidía por nosotras, donde un hombre era dueño de nuestro pensar y nuestro porvenir.
El debate que necesitamos en México no es cómo reducir los derechos políticos de las mujeres, sino lo contrario. Debemos discutir cómo ampliarlos.
Cómo eliminar las violencias que todavía limitan nuestra participación y amenazan nuestra paz; cómo garantizar igualdad sustantiva; cómo cerrar las brechas salariales; cómo hacer compatible nuestras labores remuneradas con nuestras labores de cuidados.
Cómo conseguir que ninguna niña crezca pensando que existen espacios, profesiones o decisiones que no le corresponden por ser mujer: esa es la conversación sobre futuro que debemos tener.
A quienes quieran discutir cómo regresar al pasado, hay que responderles con claridad: con los derechos de las mujeres no se juega, no se negocia y no se acepta, ni de broma, plantear ningún retroceso.
Las mujeres mexicanas tenemos voz y voto; en lo electoral y en un sentido amplio sobre nuestras vidas.
Nos costó generaciones conquistarlo. A nuestra generación le corresponde defenderlo y utilizarlo para conquistar todavía más derechos.
