Ana Karen Hernández Aceves.
Hay una frase que durante muchos años hemos escuchado con demasiada frecuencia: “No fue feminicidio”.
A veces se decía eso antes siquiera de investigar. Otras veces, para cerrar un expediente más rápido. En ocasiones porque era más sencillo hablar de un suicidio, de un homicidio cualquiera o de una tragedia doméstica que reconocer que una mujer había sido asesinada por razones de género… “Un crimen pasional”, se atrevían a decir, sin aceptar que ahí se revictimizaba a la mujer y se validaba la violencia machista.
Y ahí comenzaba una segunda injusticia.
La primera injusticia era la pérdida irreparable de una vida. La segunda, la posibilidad de que la verdad nunca saliera a la luz y que la impunidad terminara convirtiéndose en otra forma de violencia contra las víctimas, sus familias y contra toda la sociedad, por qué sí, la violencia de género daña a toda la sociedad.
Por eso considero tan relevante la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que recientemente presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y que procesaremos en el Congreso de la Unión.
No porque una ley, por sí sola, vaya a erradicar un problema tan complejo. Ninguna ley tiene ese poder. Pero sí porque representa un paso decisivo para transformar la forma en que el Estado mexicano responde ante la violencia feminicida.
Esta iniciativa forma parte de una ruta legislativa que comenzó con la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso de la Unión, mediante la cual se reconocieron en nuestra Constitución derechos fundamentales como la igualdad sustantiva, una vida libre de violencia para las mujeres y la obligación del Estado de actuar para garantizarlos.
Posteriormente, el propio Congreso reformó la Constitución para facultar expresamente la expedición de una Ley General en materia de feminicidio.
Ahora corresponde recorrer el siguiente paso: discutir, enriquecer y, en su caso, aprobar esta ley para que esos principios constitucionales se conviertan en procedimientos claros, obligaciones concretas y mecanismos efectivos de prevención, investigación, sanción y reparación del daño.
En su toma de protesta la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con ella “llegamos todas”. Y las palabras se han convertido en un proyecto de justicia para las mujeres que ha ido avanzando y que con esta ley se profundizará y materializará.
Durante años, uno de los principales problemas fue que cada entidad federativa investigaba de manera distinta. Había diferencias en la definición del delito, en las razones de género que lo configuraban, en las agravantes, en las penas y, sobre todo, en la forma de investigar. Esa fragmentación provocó investigaciones deficientes, pérdida de evidencia, subregistro de casos y enormes espacios para la impunidad.
La nueva ley busca corregir precisamente esas diferencias mediante un tipo penal homologado, protocolos nacionales de investigación, fiscalías especializadas y obligaciones comunes para todas las autoridades encargadas de procurar justicia.
Pero quizá lo más importante de esta propuesta es el mensaje que envía.
Durante mucho tiempo les pedimos a las mujeres que modificaran su forma de vestir, de caminar, de salir o de vivir para protegerse. Les dijimos que no regresaran solas, que compartieran su ubicación, que evitaran ciertos lugares, que tuvieran cuidado…
Quizá llegó el momento de exigirle al Estado Mexicano que cambie la forma en que previene, investiga y sanciona la violencia contra ellas. Porque la responsabilidad nunca debió recaer sobre las víctimas.
Siempre debió recaer en las instituciones encargadas de protegerlas y de garantizarles justicia.
La iniciativa parte de una premisa sencilla pero profundamente transformadora: toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, protocolos especializados, análisis del contexto de violencia y con una actuación diligente desde el primer momento.
Eso significa reducir al máximo los espacios para la negligencia, los prejuicios o para las interpretaciones que durante años permitieron que muchos casos quedaran mal clasificados o, peor aún, en el olvido.
También es importante entender que esta ley no sólo piensa en sancionar, sino que piensa en reparar.
Esta ley reconoce que detrás de cada feminicidio hay madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos y comunidades enteras que también resultan profundamente lastimadas.
Por eso incorpora derechos para las víctimas directas e indirectas, atención médica y psicológica, asistencia jurídica especializada, protección para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad, reparación integral del daño y la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a la verdad.
Esa visión me parece profundamente humana. Porque la justicia no termina cuando una sentencia se dicta. La justicia también implica acompañar a quienes sobreviven al dolor.
Significa reconocer que un feminicidio no destruye únicamente una vida. Rompe proyectos de vida, familias y trastoca a comunidades enteras.
Como sociedad también tenemos una responsabilidad.
Erradicar la violencia contra las mujeres no depende únicamente de mejores leyes o de mejores fiscalías. Requiere también desmontar los estereotipos, el machismo, la discriminación y las relaciones de poder que durante generaciones normalizaron distintas formas de violencia.
La igualdad sustantiva no termina cuando una mujer obtiene el mismo salario por el mismo trabajo o cuando ocupa un espacio de decisión. La igualdad sólo será plena cuando todas las mujeres podamos vivir libres de violencia y regresar con seguridad a nuestros hogares.
Ese sigue siendo el gran desafío de nuestro tiempo.
Muchas trabajamos para que llegue el día en que una ley como ésta ya no tenga que aplicarse nunca más.
Mientras ese día llega, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir mejor, investigar con rigor, sancionar sin excepciones y reparar el daño con sensibilidad y justicia.
Porque ninguna mujer debería perder la vida por el simple hecho de ser mujer.
Y ninguna familia debería enfrentar, además de esa pérdida, el abandono, la indiferencia o la impunidad.
Esta ley no devolverá la vida a quienes ya no están. Pero sí puede ayudar a que ninguna muerte sea ignorada, minimizada o archivada. Esta ley contribuirá a construir un país donde las mujeres vivamos con más libertad y menos miedo; donde las familias encuentren justicia y donde las instituciones respondan con la seriedad que exige la protección de la vida.
Ese es el país que debemos seguir construyendo, paso a paso, desde la ley, desde las instituciones y también desde un cambio profundo, una revolución de las consciencias hacia pensamientos menos machistas y más empáticos.
