Por: Alejandro Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO 20 DE MAYO DE 2026 (Archivo Digital).-
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, entregaron la iniciativa para aplazar al 2028 la elección judicial como lo pidió la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento lo recibió la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, alrededor de las 11;00 hrs.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la transformación del Poder Judicial es indispensable para cerrar el paso a distintas formas de injusticia.
“El cambio de este poder, donde había excesos, era y sigue siendo indispensable para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad.” Explico.
La propuesta plantea modificar el calendario originalmente previsto para 2027, con el objetivo de evitar que la elección judicial coincida con los comicios intermedios federales y locales. De acuerdo con el gobierno federal y legisladores de Morena, el cambio permitiría mejorar la organización electoral, reducir costos y dar mayor viabilidad técnica al proceso.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados como cámara de origen, y que este jueves se notificará al pleno la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.
“Iniciará formalmente la discusión legislativa de la reforma judicial, que será debatida en los próximos días, la iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema de elección judicial.” Señaló.
Tras una evaluación ordenada por la Presidencia, se concluyó que la elección intermedia prevista para 2027 implicaba una complejidad inédita por el volumen de cargos y el número de aspirantes que participarían en la contienda.
Entre los ajustes contemplados también se encuentran nuevas reglas para la selección de aspirantes a cargos judiciales, reducción del número de candidaturas en las boletas y la creación de mecanismos de evaluación más estrictos.
Morena y sus aliados han adelantado que buscarán aprobar el proyecto por la vía rápida, mientras que partidos de oposición ya expresaron reservas y críticas al aplazamiento.
El plazo máximo para que quede hecha la declaratoria constitucional es el 3 de junio.
