Las diputadas locales de Morena y del Partido Nueva Alianza, Sonia Hernández Cayetano y Myriam Gudiño Espíndola, anunciaron en rueda de prensa la aprobación de reforma a de la Ley de Educación del Estado de Colima, y a la que calificaron como de gran calado en pro de los derechos de las personas privadas de su libertad, pues ahora les permitirá acceder a la educación básica y media superior.
Acompañadas por Virginia Dolores Carrillo Trujillo, coordinadora educativa de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario; Ramiro Misael Cisneros Olivera, Subdirector General Técnico del Sistema Estatal Penitenciario y Fabián Hernández Ramírez, director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Colima, la diputada morenista Sonia Hernández se mostró orgullosa y contenta por el trabajo realizado para lograr esta reforma.
La diputada Sonia Hernández, presidenta de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, se mostró agradecida con la gente que les ha dado la oportunidad de contribuir y de transformar estos espacios, además de la suma de voluntades y el compromiso adquirido entre las diferentes instituciones de la administración pública que, unidos, van poniendo su granito de arena para un mejor devenir social.
Por su parte, la diputada Myriam Gudiño Espíndola, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, expresó que la aprobación a la reforma de la Ley de Educación del Estado de Colima, responde a que se hizo un buen trabajo jurídico y de campo con los propios internos del Cereso, porque a través de esta iniciativa se dan las herramientas para que ellos puedan salir con esa seguridad y se puedan integrar a la sociedad y ser gente de bien, además de mencionar que la educación es una herramienta muy importante, es el pilar importante y fundamental en las personas, porque a través de ellas “nos permitirá desempeñarnos de una manera sana dentro de la sociedad, de poder no solamente comportarse bien sino también de aportar a quien nos rodea”.
Esta reforma, de acuerdo con el Decreto aprobado, establece que la educación es un “medio para su reinserción a la sociedad, las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior, procurando que esta sea técnica, ajustándola a las condiciones imperantes en el Centro Penitenciario”. También se establece que “la educación que se imparta en los centros penitenciarios será laica, intercultural, gratuita, con perspectiva de género y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados”.
De igual manera, “la autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza superior, debiendo celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar lo oferta educativa y su calidad”.
Finalmente, refiere que “tratándose de personas indígenas, la educación que se imparta en los centros penitenciarios será bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua”.
