INEFICIENCIA JUDICIAL:
Es una verdadera lástima, que los “funcionarios” judiciales continúen tomando como pretexto la pandemia para incumplir con sus obligaciones, pues ya resulta bastante molesto el que se tenga que estar sacando citas para poder revisar un expediente o cuando mucho tres, pues te dan tan solo quince minutos para la revisión de cuando mucho tres expedientes y si bien te va, esa cita en ocasiones se te programa en un lapso de tres días o hasta más.
Hay personal dentro de los juzgados civiles, demasiado indolentes, que cuando solicitas hablar con alguno de ellos, principalmente en el Juzgado cuarto familiar, te dicen tiene cita, si no, no lo puedo atender, claro que como lo he dicho en otras ocasiones, hay sus honrosas excepciones, tal es el caso de una secretaria de nombre ELY, que por cierto es muy diligente, servicial y de buen trato, ojalá todos fueran así, ya cuando menos que se asemejaran a dicha persona, en cuando menos un cincuenta por ciento.
Pero bien, es el caso que existe lentitud en dar respuesta a las promociones que litigantes y abogados presentan a diario ante la oficialía de partes, trasgrediendo tanto el artículo octavo como el diecisiete de nuestra Carta Magna, pues ni dan respuesta en breve término, ni imparten justicia pronta y expedita, llegando al grado de tardar hasta tres meses para emitir un simple acuerdo de trámite, ya no digamos uno que verdaderamente necesite de estudio.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia se está durmiendo en sus laureles, pues no existe supervisión por parte de los magistrados para que exista un verdadero y eficiente desempeño de las labores de sus subordinados, quienes hacen lo que les viene en gana, sin que nadie les obligue a respetar las reglas del procedimiento, ni mucho menos las garantías constitucionales y los derechos humanos de las personas, obligando a que se tenga que recurrir al juicio de amparo, para que el Juzgador Federal les obligue a cumplir con sus obligaciones, so pena de imponerles una multa en caso de no emitir una resolución dentro del término legal.
Resulta paradójico que se le dé más importancia al control de acceso a las personas al edificio de los juzgados, que a la prestación del servicio de administración de justicia, y tanta importancia se le da al ingreso de los usuarios, que hasta gendarmes tienen en ambas puertas y que lo único que hacen es estar sentadas cómodamente en un sillón ejecutivo, cuando la entrada debe ser libre, pues se trata de un edificio público en el que forzosamente deben acudir quienes sienten que se les ha violentado algún derecho, a fin de que los encargados de impartir justicia, les atiendan de la mejor manera posible y no sentirse que son quienes tienen el sartén por el mango y de forma despótica atender a quienes claman justicia.
Podrán decir en descargo, como lo han mencionado, que también en el edificio de los tribunales federales tienen vigilancia y si es verdad, sin embargo, existe un abismo de diferencia, pues en primer lugar se trata de agentes de seguridad privada, que dan atención excelente a quienes acuden a dicho lugar, de lo cual se adolece en los juzgados del fuero común, concretamente en los juzgados civiles, familiares y mercantiles, tanto de Colima, Tecomán y Manzanillo, en donde tratan los usuarios como si fuesen sus lacayos.
A PROPÓSITO DE MANZANILLO:
Resulta una verdadera paradoja, el que, en los Juzgados de Manzanillo, se reciban promociones o demandas, a través de una ventanilla de cuando mucho medio metro de ancho y quienes llevan dichos documentos tienen que estar parados en pleno sol, como si en el citado Puerto el clima fuese benevolente con los transeúntes, más en éstos días en que el calor se ha dejado sentir con mayor rigor.
Está bien que quienes allí laboran se cuiden del COVID, pero no se puede ser tan inhumano como para los trabajadores administrativos y judiciales, se encuentren en un confort aclimatado, es decir, con aire acondicionado, mientras el pueblo sufre las inclemencias del sol.
Todo ello conlleva pues a la forma en que se ha adoptado el trabajo judicial, sin tomar en cuenta que quienes acuden a solicitar dichos servicios, también son personas que al igual que los trabajadores al servicio del poder judicial, tienen derechos y que los mismos deben ser respetados, toda vez que con los impuestos de los ciudadanos se les cubren sus salarios; ojalá se concienticen e impartan justicia en forma más humanitaria.
Y LA SOBERANÍA APÁ:
Que incongruencia la de todas las autoridades, pues no tan solo en el poder judicial, sino en el legislativo y el ejecutivo, minimizan al ciudadano, en aras de gozar de confort los servidores públicos, sin tomar en cuenta lo que establece el artículo 39 Constitucional, que consagra la soberanía nacional en el pueblo y para beneficio de éste.
Lo anterior viene a colación, porque tanto los diputados como los integrantes del poder judicial e incluso del ejecutivo, tienen sus espacios tanto en vía pública como en espacios propios o rentados para estacionar su vehículo cerca del lugar en que laboran, dejando al ciudadano común y corriente que sufra las de Caín para encontrar estacionamiento, si es que se permite dicho aparcamiento, pues los cabildos han optado por prohibir el estacionamiento de vehículos por todas partes, sin tomar en cuenta que es precisamente el ciudadano el que contribuye con sus impuestos para el pago de los salarios de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos paraestatales.
En donde quedan pues las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución a los ciudadanos, ya es tiempo que se le dé el trato que se merece al colimense que paga sus impuestos, las autoridades están para servir al ciudadano, no para servirse de éste.
No se le olvide hacer efectiva la democracia, es decir, el poder del pueblo este seis de junio. Hasta la próxima