* Prevé una línea de contingencia de 65 millones de pesos
* La SHCP tendrá que avalar o no la contratación de prestación de servicios
En reunión informativa con los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos a la que se unieron demás legisladoras y legisladores de otras comisiones y fracciones legislativas, los secretarios de Planeación y Finanzas, y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Carlos Arturo Noriega García y José de Jesús Sánchez Romo, respectivamente, hicieron la presentación de la iniciativa del Poder Ejecutivo, sobre la línea revolvente y contingente del proyecto Libramiento Colima, vía rápida, así como también de su parte técnica.
En lo que respecta a la parte técnica, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo explicó que el proyecto, de asociación público-privada, contempla la intervención de 23.5 kilómetros, en donde actualmente se ven afectados 50 mil habitantes en la zona de paso de transporte de carga en el actual libramiento Ejército Mexicano, que desde el 2018 no se reciben recursos para su mantenimiento por parte del gobierno federal.
Indicó que de acuerdo con la estadística transitan diariamente, por el citado libramiento, 6 mil 200 vehículos pesados, más 39 mil vehículos por día, a fuertes velocidades, lo que ha implicado una serie de accidentes mortales, por lo tanto, con la nueva proyección se reducirían tales efectos.
Señaló que a la empresa Dynfra, se le otorgarían una concesión por 30 años y dicha, realizaría una inversión propia por 2 mil 100 millones de pesos, fijándose un plazo para terminar la obra de 16 meses, sin embargo, dijo que ese tiempo podría reducirse a sólo 10 con la finalidad de que dicha empresa comience a recuperar su inversión.
Aclaró que, a los vehículos con placas del estado de Colima, que transitaran por el nuevo libramiento, no se les cobraría ninguna cuota por el peaje.
En su oportunidad el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García dio los detalles a las y los legisladores, sobre la importancia de que la LIX Legislatura apruebe tal proyecto, y es que se deberá abrir una línea contingente por 65 millones de pesos, con alguna institución financiera, para garantizar que la empresa tenga el flujo económico proyectado “no se destinaran recursos económicos o recursos públicos del Gobierno Estatal. No hay compromiso económico alguno”.
Reiteró que tal circunstancia no significa que el gobierno del estado tendrá en sus arcas tales recursos para su disposición, “sólo es una garantía que tendrá una institución financiera lo que corresponderá al estado, es hacer que el flujo vehicular pesado, transite por el nuevo libramiento, acciones que se desarrollarían a través de la Secretaría de Movilidad”.
Añadió que existe la jurisprudencia necesaria para desviar al transporte de carga pesada por la vía que se requiera, con ello se aseguraría el cumplimiento de las proyecciones de ingreso de la empresa y, por ende, no se utilizarían los recursos de la línea contingente prevista.
Puntualizó que, en caso de llevarse a cabo el proyecto, y en su operación no se generan las proyecciones económicas mínimas para la referida empresa, se utilizaría la línea contingente de los 65 millones de pesos, pero solo en las cantidades de afectación y no en su totalidad, “por este monto de la fianza se comprometería el 0.5% de las participaciones federales en caso de que se necesite, y no por el 3.5% que se da actualmente a particulares”.
Aclaró que el primer paso, es que el Congreso del Estado, autorice el proyecto, posteriormente será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien avale o no, el contrato de prestación de servicios, y que también será la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que tendrá que avalar las áreas a afectar, por el caso de puentes a contemplar, “incluso la Semarnat en el caso del medio ambiente”.
Detalló que posteriormente se deberá integrar todos los estudios correspondientes a tal desarrollo, como los que tienen que ver con el medio ambiente y la adquisición de los terrenos, de lo cual dijo, algunos son de propiedad ejidal y otros de particulares, “en ese sentido la empresa compra los terrenos y los pone a nombre del gobierno para hacer el trámite correspondiente, en caso de que la empresa desista o fracase pasarían al poder del gobierno estatal”.
Ante cuestionamientos, aseguró que el gobierno del estado no participa en la adquisición de los terrenos, que es la empresa la que se hace cargo y que además en dicha zona, que inicia en Cuauhtémoc y llegará al Libramiento de los Asmoles, será una autopista, donde no se contemplarían salidas o entradas, por lo cual, no habría un beneficio adicional, “como por ejemplo un tema inmobiliario”, más que generar las condiciones de seguridad por el tránsito de unidades con carga pesada y peligrosa.
Reiteró que no se comprometen las finanzas del estado, “no se invertirán recursos públicos, es la empresa quien lo hace”.
El funcionario estatal aseguró que, al reubicar el tránsito de carga pesada, el libramiento Ejército Mexicano tendrá un desarrollo positivo en cuanto a la generación de más zonas comerciales y mejores condiciones de vida para los vecinos de tal zona de la capital del estado, “se harían laterales para su reactivación, actualmente las zonas comerciales están deprimidas”.
Dijo que, en la construcción del Libramiento Colima, vía rápida, se generarían 3 mil empleos directos y se daría la participación de 60 empresas colimenses, “no todas adheridas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues se limitaría la oportunidad a unos cuántos”.
En la reunión estuvieron presentes, las diputadas Ma. Remedios Olivera Orozco, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona, Gretel Culin Jaime, Rosalva Farías Larios, Martha Meza Oregón, Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, Claudia Aguirre Luna, Livier Rodríguez Osorio, Ana Karen Hernández, Alma Lizeth Anaya Mejía, Araceli García Muro y los diputados, Julio Anguiano Urbina, Carlos César Farías Ramos, Francisco Rodríguez García, Guillermo Toscano Reyes, Manuel Rubén Cervera García, Luis Fernando Escamilla Velazco, Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias.
