Administraciones pasadas son culpables de deudas a los trabajadores: Vladimir Parra

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán expresó que, en un hecho histórico, la actual legislatura está revisando a fondo y de manera exhaustiva las cuentas públicas, para hacer observaciones a posibles actos irregulares cometidos por servidores públicos en temas de desvíos de las aportaciones que se le retienen a los trabajadores, acción que no ocurría en legislaturas pasadas, puesto que antes, “los diputados solamente iban a parar la mano y a solapar los errores de malas administraciones”, indicó el legislador.

Así mismo, expuso que actualmente, las y los diputados de la LIX legislatura han reactivado el artículo 233 bis del Código Penal del Estado de Colima, referente a las sanciones que pudieran imputarse a servidores públicos que retengan cuotas y/o aportaciones de trabajadores y que omitan destinarlas al fin para el que estaban previstas conforme a la ley. Además, dijo que el Congreso trabaja de la mano con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), el cuál ha estado haciendo una labor responsable.

“Anteriormente, el artículo 233 bis del Código Penal del Estado de Colima había sido suprimido, para evitar que los funcionarios que cometían este tipo de delitos vivieran en la total impunidad, ahora estamos demostrando que eso ya cambió, puesto que seguimos la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción”, afirmó Parra Barragán.

Sobre el laudo que tiene el Ayuntamiento de Tecomán con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de aquel municipio, Parra Barragán explicó que las administraciones pasadas fueron las responsables de generar esa deuda, y en ese momento, los líderes sindicales guardaron silencio por la simpatía que existe con los partidos políticos que gobernaban entonces. No obstante, el legislador confirmó que el Congreso ya está haciendo lo conducente, buscando la posibilidad de iniciar un juicio político en contra del ex presidente municipal tecomense, pero cuidando que el proceso sea totalmente apegado a derecho.

Sobre el mismo tema, Parra Barragán denunció que, a raíz de que ya se le ha notificado al ex alcalde tecomense Guadalupe García Negrete sobre su responsabilidad por esa problemática, el personal del Congreso del Estado ha sufrido amenazas, “pero nosotros continuaremos por el camino de la legalidad y en contra de la impunidad y la corrupción”, sentenció.

El también coordinador de la bancada de Morena, instó a los líderes sindicales a que denuncien las anomalías surgidas en los gobiernos y legislaturas pasadas, ya que “son esas administraciones las causantes de los adeudos a pensiones, son esas administraciones del PRI, del PAN, del Partido Verde, a las que se les debe exigir y a las que se les debe protestar”.

Recalcó que el Congreso del Estado no tiene ningún adeudo Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol), además, aclaró que los Ayuntamientos de la Cuarta Transformación (Manzanillo, Tecomán, Ixtlahuacán y Armería) son los que más van al corriente con el pago de las pensiones.

“Invito a los líderes sindicales a que vayan y cuestionen al ex presidente Virgilio Mendoza por ejemplo, que dejó una deuda al Ipecol por más de 40 millones de pesos, afectando el futuro de las y los trabajadores de Manzanillo”. Sobre el tema, reconoció la labor de la alcaldesa porteña Griselda Martínez, quien logró poner al corriente a su administración en los pagos a ese instituto de pensiones.

Finalmente, insistió en que se debe tener memoria histórica y saber claramente que la situación preocupante de deudas a las y los trabajadores se deben “a esas malas administraciones. Esperemos que los líderes sindicales vayan a protestar por los más de 2 mil millones de deuda que dejó a los colimenses Mario Anguiano, así como los más 262 millones que no depositó a la dirección de pensiones (hoy Ipecol) de retenciones a los trabajadores; los más de 156 millones del magisterio; los 122 millones a servicios médicos; los más de 4 millones al Insuvi; los más de 2 millones al DIF estatal entre otras deudas.”