Durante el tercer informe de labores del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Bernardo Alfredo Salazar Santana, informó que de acuerdo al más reciente ranking nacional de avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal del Programa México Evalúa, indica que Colima pasó del lugar 24 que tenía en el 2017, con 223 puntos, al lugar 16 con 363 en el 2018, posicionando al Poder Judicial del Estado por encima de la media nacional, dato que refleja una paulatina consolidación del sistema, y un avance gradual y sostenido en su funcionamiento correcto.
Informó que la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil emitió 831 asuntos, la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 345 y la Segunda Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 275. Por su parte, los órganos jurisdiccionales de primera instancia registraron un total 19 mil 729 expedientes iniciados y concluyeron 10 mil 770 asuntos en las materias civil, familiar, mercantil y penal; en tanto, los Juzgados Mixtos de Paz iniciaron 3 mil 902 asuntos en las mismas materias. Por lo que corresponde al Centro Estatal de Justicia Alternativa, inició 2 mil 349 procedimientos de mediación y conciliación.
Agregó que, de octubre de 2018 a septiembre de 2019, 1 mil 057 carpetas han sido judicializadas, y, dentro de esas causas, se han concedido 341 medidas de prisión preventiva justificada y se han impuesto 195 oficiosas; esto es, por cada prisión preventiva oficiosa que se impone, se dictan 1.74 justificadas.
De las 922 causas terminadas, se dictó sentencia condenatoria en el 93% de los procedimientos abreviados, esto es, 314 asuntos; y, en el 76% de los asuntos que se fueron a audiencia de juicio oral, que representaron 59 sentencias, se concluyó con condena para los enjuiciados.
Sólo el 45% de las causas judicializadas esto, 413 casos, concluyó en una salida alterna como la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. El 37% concluyó en procedimiento abreviado.
Salazar Santana agregó que de las 294 órdenes de cateo que fueron solicitadas, se concedieron 242; esto es, cerca del 83% y de las 95 órdenes de aprehensión requeridas se otorgaron el 86%, esto es, el equivalente a 82 concedidas y solo 14 negadas.
“Una vez más, se advierte que éste Poder Judicial, responde con oportunidad a las instancias investigadoras cuando hacen planteamientos sustentados en Derecho”, subrayó el Magistrado Presidente.
El titular del STJE reiteró que este Poder colaborará con el Ministerio Publico, con instituciones investigadoras y de procuración de justicia, en la medida en que las carpetas de investigación estén debidamente integradas y exista pertinencia en los medios de prueba, actividad que en sentido estricto solo nos corresponde vigilar y controlar, para que estas instituciones, hagan su trabajo en el marco de la ley.
En este contexto, el Magistrado Presidentes insistió, “he leído expresiones de autoridades de seguridad pública señalando que ellos aprehenden delincuentes y nuestras juezas y jueces los dejan escapar, tal sentencia está fuera de la realidad y elude la responsabilidad de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración de justicia, pues su labor no es sólo la de capturar presuntos delincuentes, sino también la de acreditar que actuaron conforme a la ley y los protocolos, que respetaron derechos humanos y que, efectivamente hubo la realización de un ilícito, mientras que la labor de quienes impartimos justicia es determinar la validez jurídica de tal actuación”.
Continuando con la actividad jurisdiccional, dijo, en materia familiar, el número de asuntos iniciados han aumentado a 10 mil 231, lo que implica un incremento del 8% con respecto al 2017 y de un 3.53% con relación al 2018. El número de órdenes de protección emitidas por el Juzgado Auxiliar en Materia Familiar ascendió a 1 mil 266.
Agregó que, entre los retos venideros para el Poder Judicial, destaca el relativo a la justica laboral, la cual se inserta en la Reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017, que incorpora a los tribunales laborales a la estructura de los poderes judiciales locales. En tanto, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019 establece en sus transitorios un plazo de tres años para la debida transición de la materia laboral a la estructura judicial.
Al respecto, dijo, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral consideró a Colima, junto con 9 estados más, dentro del primer grupo, a efecto de que el funcionamiento de los tribunales laborales inicie para el tercer trimestre del 2020.
Sin embargo, reconoció que el reto no es fácil en virtud de que no se asigna aún el presupuesto necesario para tal desafío, pero “como Poder Judicial seguimos trabajando en el desarrollo de un sistema de justicia laboral eficiente, en aras de dar cumplimiento al plazo establecido”, señaló.
Para ello, informó, se atendió el requerimiento formulado por la SEGOB a través de la unidad para el fortalecimiento de los Poderes Judiciales locales, mismo que se formuló en el seno de la CONATRIB, para presentar el monto al que asciende la implementación de la reforma en el ámbito del Poder Judicial de Colima. “La propia SEGOB nos ha comunicado que la necesidad financiera planteada por este Poder, y, por los demás Poderes Judiciales de las otras entidades federativas, se incorporó en el Proyecto de Presupuesto elevado por el Gobierno Federal a la Cámara de Diputados”.
El Magistrado Presidente también en su informe de labores insistió en el reconocimiento de la autonomía financiera para el Poder Judicial del Estado, como un eje rector que ha comenzado a gestarse en el Poder Judicial de la Federación, y que resulta indispensable para la materialización de las premisas de un Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho.
Por lo que reiteró su beneplácito al interés de un legislador local, en buscar mediante una iniciativa de reforma constitucional las bases fundamentales que garanticen esa independencia financiera del Poder Judicial. Confiamos en que dicha iniciativa del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, encuentre eco en las señoras legisladoras y en los señores legisladores de la LIX Legislatura del Congreso del Estado.
Por su parte el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez expresó que la autonomía es vital para la consolidación de nuestro sistema republicano de gobierno y para el fortalecimiento de este poder. “Espero que mi administración puede legar tal autonomía antes de su conclusión”.
Agregando que eso exige estudios financieros y administrativos que den soporte realista a tan elevado propósito, pues los recursos son los mismos para el gobierno estatal en su conjunto y cada día son más escasos frente al tamaño de los retos sociales de la entidad.
Además, felicitó al magistrado presidente, por el trabajo realizado en este año judicial, señalando que el esfuerzo realizado no sólo se refleja en este informe, sino en la propia percepción social.
El Poder Judicial, por supuesto, goza de un merecido reconocimiento público y eso es resultado del compromiso social que aplican en su desempeño cotidiano, “mi felicitación adicional por la austeridad republicana que distingue a su trabajo, ustedes no sólo dan buenos resultados, sino que lo hacen con una considerable economía de recursos, de lo cual es una muestra palpable este informe”, puntualizó.
