*“Los impuestos ambientales son una necesidad, ya que a las empresas les sale mucho más barato, en México, realizar actividades que tienen consecuencias contaminantes”: Violeta Mendezcarlo.
“No es solamente una cuestión de cambio climático, sino también de cumplimiento de derechos humanos, de soberanía y de la misma capacidad de regulación que debe tener el Estado para hacer frente al cumplimiento de sus objetivos; es decir, velar por el bien público y por las necesidades de la sociedad”.
Lo anterior fue señalado por Violeta Mendezcarlo Silva, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien dictó la conferencia “La fiscalidad ambiental como instrumento para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, como parte del VIII Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático que se realizó hace en la Universidad de Colima.
En su disertación, la investigadora señaló que desde la década de 1970 se ha generado un desgaste en el paradigma del Estado como tomador de decisiones, garante e impulsor del desarrollo económico de una nación y de las políticas públicas, así como de la legislación que rige a los ciudadanos, debido, dijo, “a las fuerzas del neoliberalismo que han surgido por el fenómeno de la globalización”.
“Esto se refleja mucho en las decisiones del Estado, en sus acuerdos, políticas, legislación e intereses de actores internacionales y nacionales orientados a las cuestiones económicas”, comentó.
Este tipo de decisiones del Estado, añadió, “guiadas por intereses económicos, han impactado con fuerza al medioambiente en toda América Latina y principalmente en nuestro país. Tenemos lo que algunos autores de la Teoría General del Estado han denominado como Estado débil. Contamos con una serie de normativas, constitución y muchísimas leyes; sin embargo, muchas de éstas no se cumplen o se han visto perfiladas por acontecimientos internacionales en los cuales el Estado no tiene mucho que hacer”.
Por otra parte, la conferencista señaló la importancia de que en América Latina se prioricen nuevas formas de crecimiento económico más sostenibles, ya que por mucho tiempo se ha seguido un paradigma de explotación indiscriminada de los recursos naturales que viene desde la época de la Colonia y persiste hasta le época actual, “con los gobiernos neoliberales sometidos a los ideales de la política norteamericana. El neoliberalismo se ha sometido a un vasallaje de las grandes empresas que buscan la explotación de los recursos en favor de la obtención de ganancias para las grandes potencias”, explicó.
Al respecto y como respuesta al viejo paradigma, detalló, ha surgido un nuevo modelo que organismos internacionales llaman “economía naranja”, en el cual se debe priorizar la producción de servicios y el valor agregado en vez de centrarse sólo en la explotación de los recursos naturales: “Estos nuevos modelos buscan una industrialización más sostenible y voltear hacia otras formas de producción en las empresas, además de revertir aquellos efectos que ya se han generado como consecuencia del trabajo de las industrias”.
Al hablar sobre la fiscalidad ambiental, la ponente señaló que consiste en estrategias de estímulos fiscales, exenciones y subsidios a empresas que implementen procesos amigables con el medio ambiente, como la adquisición de dispositivos tecnológicos y maquinaria que no sean contaminantes.
“La fiscalidad ambiental nos puede ayudar a reorientar las conductas de las personas no solamente en la parte de ‘te cobro’, sino también en la parte de ‘te oriento’ y ‘te incentivo’ a través del perdón de ciertas contribuciones si tú realizas las conductas ambientalmente adecuadas”, agregó.
Dijo que, para lograr los objetivos de un uso más amigable de los recursos naturales por parte del sector productivo, se requiere, además, un rediseño del sistema tributario ambiental, ya que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en nuestro país no profundiza en los instrumentos económicos de carácter fiscal: “Los impuestos ambientales son una necesidad, ya que a las empresas les sale mucho más barato, en México, realizar actividades que tienen consecuencias contaminantes”, afirmó.
En este sentido, la académica destacó la necesidad de que exista una voluntad del poder legislativo en asumir el costo político que puede resultar como consecuencia de implementar una fiscalidad verde, “que es fundamental si es que México quiere cumplir con la parte que le corresponde en el panorama internacional sobre los objetivos del desarrollo sostenible”.
Además, dijo, “está el aspecto de la voluntad judicial, ya que sucede regularmente que, al implementarse un nuevo impuesto en el sistema tributario, se viene una lluvia de amparos de las empresas para no aceptar esas modificaciones que les implican más gasto. Asistimos, pues, al desgaste de los Estados, principalmente de los que están en desarrollo, debido a los compromisos que adquieren con organismos internacionales o con grandes empresas, y se requiere de un empoderamiento del Estado para el cumplimiento de sus objetivos”.
Finalmente, la investigadora aseguró que “tenemos un instrumento poderoso y necesario en la fiscalidad ambiental que implica una justicia en materia económica para reflejar adecuadamente los costos de la contaminación y los de nuestros hábitos de consumo, así como de las actividades de las empresas”.
