Propone PRI reforma penal en materia anticorrupción

Para establecer la bases normativas que permitan prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia, el diputado priista Héctor Magaña Lara presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima.

En su iniciativa, presentada a nombre de los diputados del PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, Magaña Lara propone ampliar los tipos penales para tener mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, mediante la especificación e implementación de nuevas definiciones y sanciones.

Entre otras ideas, la iniciativa de Magaña Lara plantea establecer como sanciones adicionales a las penas previstas para cada tipo penal, en el caso de funcionarios, la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, y a los particulares coludidos en actos de corrupción, exclusión para participar en adquisiciones, contratos y arrendamientos del servicio público.

Propone también incorporar al Código Penal un Título denominado “Hechos de Corrupción”, además de sugerir que las penas aumenten hasta un tercio cuando el servidor público que cometa el ilícito hubiese sido electo popularmente o su nombramiento esté sujeto a ratificación del Congreso del Estado.

También sugiere la incorporación de los tipos penales de ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencia y concusión, además se establecen nuevos supuestos y se perfeccionan los tipos penales.

Turnada a comisiones para su análisis, la reforma iniciaría su vigencia posterior a que el Poder Ejecutivo promulgue las modificaciones constitucionales que darán paso a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobadas por el Congreso el pasado 15 de febrero, y una vez designado el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Expuso que si bien la reforma constitucional estatal en esa materia será el pilar normativo sobre los que se sustentará el combate a la corrupción, para su efectividad se requerirá que la legislación ordinaria relacionada sea coherente y armónica.

“La política estatal de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad”, consideró Héctor Magaña.

En ese sentido, el legislador por el municipio de Villa de Álvarez señaló que con el objeto de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma constitucional, el Código Penal debe establecer las bases normativas que permitan prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia.

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