La Contralora general del gobierno del estado, Agueda Solano Pérez, destacó que la lucha contra la corrupción es una medida a nivel nacional, de ahí que las leyes anticorrupción están en proceso de análisis para convertirse en norma local por Congresos y encaminadas a que se implementen para acotar gran parte de la corrupción existente.
Estimo la funcionaria, que las leyes anticorrupción tendrán que estar terminadas a mitad del 2017 y a partir de ello deberán comenzar a cumplirse, no obstante, por ahora la Contraloría aplica procedimientos de responsabilidades administrativas no penales, como intermediario de la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, quienes son fiscalizadoras.
Recordó que la Auditoría Superior de Fiscalización y la Secretaría de la Función Pública si han emitido recomendaciones y sanciones resarcitorias que implican la devolución de los recursos que fueron desviados o mal utilizados, pero lamentó que este sea un proceso lento. Dijo, “si se regresa dinero; haciendo los procedimientos debidos”, reconoció.
En este contexto afirmó que en caso de haber desviaciones de recursos del ex gobernador Mario Anguiano y otros funcionarios, podrían establecerse sanciones y “sentirse, por lo menos en algunos aspectos, la sanciones para estos funcionarios”, aunque aclaró que eso se vería el próximo año ya que los procesos y procedimientos tienen tiempos para cumplirse”.
Afirmó que si bien los funcionarios o ex servidores públicos bajo investigación también tienen el derecho de ser escuchados y de defenderse mediante la aportación de pruebas que a su juicio solventen las irregularidades detectadas.
En este contexto destacó que las nuevas leyes anticorrupción vienen seccionadas a hora para delitos graves y no graves, que en este caso serían los que puede sancionar la Contraloría General del Gobierno del Estado, mientras que los demás será objeto de análisis de una Fiscalía especializada en este tipo de delitos.
Detalló que un delito grave implicaría el desvío de recursos y uno no grave implicaría faltas administrativas, procedimientos no realizados donde incluso se puede comprobar que se cumplieron algunos objetivos.
Agueda Solano confirmó que en lo que va de esta gestión se realizan los procedimientos para inhabilitar a varios funcionarios públicos de la pasada administración, pero reconoció que aún no se han cumplido los tiempos necesarios para que se determine una sanción y de la gestión de Ignacio peralta todavía no se tienen aplicadas sanciones porque apenas se han iniciado las revisiones del 2016.
