El refinanciamiento logrado por el gobernador José Ignacio Peralta a dos créditos contratados en diciembre de 2011 y en diciembre de 2015, evidencian su estilo de gobernar, en el que se privilegian la honestidad y el orden, aseguró Federico Rangel Lozano.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, destacó que alcanzar una disminución de 240 millones de pesos con el refinanciamiento, es una medida de gran impacto, pues implica una reducción de casi el 17 por ciento del total de esos dos créditos refinanciados.
Rangel Lozano recordó que el 30 de noviembre de 2017, con el voto de diputados del PRI, PAN, PVEM, PT, Nueva Alianza e Independientes, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo refinanciar dos créditos, cuyos saldos eran de 814 millones 146 mil 934 pesos y de 622 millones 217 mil 550 pesos
“La autorización de ese refinanciamiento fue para que mejoraran las condiciones de pago de los dos financiamiento del Gobierno y hoy, a casi cuatro meses de esa autorización, vemos que el Gobernador está cumpliendo”, destacó el legislador priista.
Mencionó también que como el Ejecutivo buscaba una mejora en la tasas de interés a los créditos existentes, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, no obligaban a la autorización del Congreso del Estado para el refinanciamiento.
Explicó también que como la solicitud aprobada no representa un incremento de la deuda pública ni modificación en los plazos de las deudas originalmente contratadas, no era necesaria la autorización del Legislativo.
Indicó que el gobernador Peralta Sánchez solicitó la autorización del Congreso, aun cuando no estaba obligado legalmente a hacerlo, para fortalecer la coordinación con el Legislativo en las decisiones de impacto en la economía estatal.
Expuso que el refinanciamiento anunciado este martes por José Ignacio Peralta se logró en gran medida por la mejora en las calificaciones de la calidad crediticia, pues Colima pasó de tener una calificación de default restringido en 2015, es decir de no pagar obligaciones financieras, a tener una BBB-, lo que implica una moderada calidad crediticia.
Finalmente, indicó que las calificaciones a la calidad crediticia emitidas por las agencias Fitch Ratings y HR Ratings, muestran la mejora en relación a las que se tenían en años anteriores, “lo que indudablemente se debe a un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.