El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que, de 249 partidos políticos nacionales y
locales obligados a presentar su diagnóstico sobre el uso del 3 % del financiamiento público
ordinario para el liderazgo político de las mujeres en 2025, sólo 169 cumplieron (68 %).
Ante la omisión de 80 institutos políticos, entre ellos Morena y el Partido del Trabajo en el
ámbito federal, así como 78 locales, la autoridad comicial dará vista a la Secretaría Ejecutiva
para iniciar procedimientos por el incumplimiento de esta obligación legal.
Con base en el Informe de los diagnósticos a los Programas Anuales de Trabajo del
financiamiento para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las
Mujeres, recibido por el Consejo General del Instituto, el presidente de la Comisión de
Fiscalización, el Consejero Jaime Rivera Velázquez, dijo que esta evaluación reveló fallas
estructurales que limitan el impacto real de los recursos —más de 447 millones de pesos
en los ámbitos nacional y local—, pues se detectaron inconsistencias en el reporte de datos
de hasta un 60 %, además de objetivos vagos y falta de indicadores medibles.
En sesión ordinaria indicó que el 75 % del gasto se concentró en actividades de
capacitación y formación, 20 % en divulgación y difusión y sólo 5 % en investigación, con
acciones que se presentaron de forma discursiva, sin un análisis profundo sobre las
desigualdades internas o de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
(VPMRG).
Bajo una perspectiva de mejora para 2026, apuntó el Consejero Rivera Velázquez, el INE
solicitará a los partidos políticos transitar de un cumplimiento administrativo hacia una
cultura de resultados, la cual garantice el acceso efectivo de las mujeres a la toma de
decisiones. Señaló que el informe concluye con recomendaciones para que el
financiamiento se utilice con eficiencia, integrando indicadores de impacto y estrategias de
seguimiento que transformen el ejercicio de este gasto en un avance real hacia la igualdad
sustantiva en la vida política del país.
Resuelve INE siete quejas en materia de fiscalización
Por otra parte, el Consejo General resolvió siete procedimientos administrativos
sancionadores y de queja en materia de fiscalización, instaurados en contra de Partidos
Políticos Nacionales, sustanciados y revisados exhaustivamente por la Unidad Técnica de
Fiscalización, garantizando en todos los casos el debido derecho de audiencia.
Como presidente de la Comisión de Fiscalización, Rivera Velázquez informó que, de los
siete procedimientos, tres casos se declararon fundados y se impusieron sanciones por un
total de 7.6 millones de pesos, ya que se acreditaron infracciones por gastos sin objeto
partidista, aportación prohibida y la omisión de atender requerimientos.
Agregó que en tres casos se declaró infundado el procedimiento, porque no se contó con
elementos que acreditaran la conducta infractora, mientras que un caso más se sobreseyó,
toda vez que los hechos investigados podrían configurar actos anticipados de campaña;
por este asunto se dio vista al Organismo Público Local, para que, en el ámbito de su
competencia, determine lo conducente.
El máximo órgano de dirección del Instituto recibió asimismo el informe de actividades de
la Comisión de Fiscalización, de septiembre de 2025 a marzo de 2026, en el cual se destaca
la consolidación del modelo de vigilancia sobre los recursos de los sujetos obligados, y
subraya la revisión de informes de ingresos y egresos no sólo de partidos políticos y
candidaturas, sino también de organizaciones ciudadanas interesadas en su registro como
fuerzas partidistas nacionales, a fin de asegurar que el origen y destino del dinero en la
política se mantenga dentro de los márgenes legales.
Modificaciones a la cartografía electoral, delimitación seccional y protocolo para una
consulta previa, entre otros acuerdos
El Consejo General del INE aprobó también modificaciones al marco electoral, con diversos
ajustes a límites municipales de Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, a fin de corregir imprecisiones, reflejar decretos
legislativos y garantizar la correcta adscripción de los ciudadanos en sus secciones de
votación.
En esta cartografía comicial se emplearon instrumentos de geoposicionamiento global
(GPS), trabajos de gabinete para detectar discrepancias en la representación gráfica,
cuadros de construcción con coordenadas geográficas y contraste con el Marco
Geoestadístico Municipal del INEGI, para solventar ambigüedades técnicas y asegurar la
precisión en la georreferenciación de los límites locales.
Del mismo modo, validó el “Procedimiento para los trabajos de Integración Seccional 2026”,
cuyo objetivo general será dar una configuración funcional a 691 secciones electorales,
mediante la fusión territorial de las 102 que presentan baja población ciudadana (menos de
100 votantes) o condiciones que dificultan la integración de las mesas directivas de casilla;
en este caso se incluirán 589 adicionales para facilitar el ejercicio del voto de la ciudadanía,
optimizar la logística y fortalecer la certeza en la organización de los procesos comiciales.
Y también aprobó el protocolo para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos
y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el estado de Chihuahua, con el objetivo
central de obtener su opinión y consentimiento sobre la delimitación de las Demarcaciones
Municipales Electorales, a fin de asegurar que la distritación local respete su identidad
cultural y derecho a la autodeterminación, en cumplimiento con estándares convencionales
y constitucionales.
Recibe Consejo General seis informes de trabajo institucional focalizado
Durante la sesión, consejeras y consejeros recibieron el primer informe bimestral de la
Secretaría Ejecutiva sobre la situación presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, con el que
se mantiene una disciplina financiera que permite absorber presiones de gasto, mediante
la gestión eficiente de sus ahorros internos y sin comprometer sus metas institucionales.
Conocieron otros cinco informes, dos de la Secretaría del propio Consejo General sobre el
balance de los procedimientos administrativos sancionadores y medidas cautelares
atendidos y el relativo al Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Además, el informe que da cuenta del seguimiento de las instrucciones y solicitudes
emanadas de las sesiones, acuerdos y resoluciones del Consejo General; el Cuarto Informe
Trimestral de la Junta General Ejecutiva, y el reporte en torno a los datos estadísticos
relativos al número sesiones realizadas por ésta misma instancia.
