En un firme posicionamiento sobre la situación laboral dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Indira Isabel García Pérez, resaltó la urgente necesidad de garantizar entornos libres de hostigamiento, acoso y cualquier forma de violencia, subrayando que “una justicia con miedo no es justicia: es sumisión”.
La magistrada advirtió que, aunque la justicia debería generar confianza, para muchas personas trabajadoras del PJF actuar sin temor continúa siendo un ideal no alcanzado. Recordó que sentirse seguro en el trabajo, sin acoso ni amenazas veladas, debería ser natural; sin embargo, para diversos sectores dentro del Poder Judicial esta tranquilidad sigue siendo una tarea pendiente.
García Pérez destacó que el hostigamiento laboral y el acoso sexual no distinguen jerarquías ni género, aunque las estadísticas indican que las mujeres son las más afectadas. Persisten el miedo a represalias, la desconfianza en los mecanismos internos y el temor a la revictimización, factores que inhiben la denuncia y convierten al silencio en un aliado de la impunidad.
A pesar de ello, recordó que el PJF cuenta con un marco normativo robusto que obliga a actuar. El artículo 83 de la Ley Orgánica establece la creación de áreas especializadas para prevenir y erradicar la violencia sexual y de género, mientras que los artículos 187 fracción XV y 203 tipifican el acoso y hostigamiento sexual como faltas graves para las personas servidoras públicas.
Asimismo, recordó, la Ley de Carrera Judicial dedica un apartado completo a la prevención y sanción de estas conductas.
El reto, subrayó, no es la falta de leyes, sino su aplicación efectiva. Enfatizó que garantizar entornos libres de violencia implica que las autoridades de investigación y sanción no se conviertan en cómplices por omisión, y que las víctimas puedan denunciar sin miedo a represalias o aislamiento laboral.
La magistrada también llamó a que toda persona servidora pública asuma la obligación de denunciar cuando tenga conocimiento de casos de violencia o acoso, pues el silencio institucional perpetúa el abuso y contraviene el deber normativo de denuncia.
García Pérez señaló que el desafío no es sólo legal, sino también cultural y estructural: desmontar prácticas que durante años normalizaron el miedo y la sumisión en los entornos laborales. La transformación, dijo, debe incluir nuevos estilos de liderazgo y relaciones de poder basadas en el respeto, la empatía y la justicia cotidiana.
Garantizar espacios laborales seguros es, afirmó, un deber ético, pero también una condición indispensable para impartir justicia con legitimidad. “Un Poder Judicial que protege a sus integrantes es un Poder Judicial que fortalece su compromiso con la sociedad: el buen juez por su casa empieza”, puntualizó.
Finalmente, reiteró que prevenir y sancionar el hostigamiento y el acoso debe ir acompañado de una política de cero tolerancia, protección efectiva a las víctimas y una cultura institucional que permita actuar sin miedo. Sólo así, concluyó, la justicia podrá dejar de ser un discurso y convertirse en una realidad plena para quienes la ejercen y para la ciudadanía.
