La senadora por Colima, Mely Romero Celis, respaldó la iniciativa presentada por su grupo parlamentario en el PRI, que propone una reducción significativa de las comisiones bancarias, con el objetivo de proteger el bolsillo de los usuarios y fomentar la inclusión financiera en el país, al establecer un marco regulatorio más justo y transparente en el sistema bancario mexicano.
Entre los puntos clave de la iniciativa, la senadora destacó la prohibición de cobrar comisiones por servicios comunes como consultar saldos o realizar retiros en cajeros automáticos internos, la reposición de tarjetas por robo o extravío, y el uso de cuentas destinadas a la entrega de programas sociales.
Al respecto, Mely Romero puntualizó que estas prácticas afectan especialmente a los sectores con menores ingresos, quienes destinan una parte importante de sus recursos a cubrir estos costos.
Mely Romero Romero enfatizó la importancia de garantizar la transparencia en los productos financieros, proponiendo que los bancos ofrezcan información clara y detallada sobre las comisiones antes de que los usuarios contraten cualquier servicio, pues la falta de claridad en los costos asociados a los servicios bancarios genera una carga adicional para los consumidores.
También resaltó la propuesta de crear un catálogo único de comisiones, regulado por el Banco de México, que incluya límites máximos al cobro de tarifas bancarias. Esto, señaló, permitiría prevenir abusos y promover prácticas más competitivas en el sector financiero.
Detalló que, en comparación con otros países de la región, México presenta un nivel elevado de dependencia de las comisiones bancarias, representando más del 30% de los ingresos no financieros de los bancos, frente al 25% o menos en países como Colombia y Bolivia.
Romero Celis agregó que la iniciativa del PRI busca alinear las prácticas mexicanas con los estándares internacionales, promoviendo un sistema financiero más accesible y equitativo.
Finalmente, Mely Romero destacó que cada peso ahorrado en comisiones representa una oportunidad para que las familias mexicanas puedan destinar recursos a necesidades prioritarias como alimentación, educación y salud.
