Al exigir que los gobernadores electos aclaren y en su caso sancionen las acusaciones que existan contra las administraciones salientes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción será concretado esta semana en el Poder Legislativo y su “prueba de fuego” será abatir la incidencia de actos de corrupción y abusos en México.
“Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, manifestó el dirigente.
A través de un mensaje subrayó que, de igual forma, como nación, no podemos consentir el que ningún servidor público, del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que solo se busque protección y reproducir la impunidad.
“Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana, y debemos de proceder como Estado mexicano”, indicó el líder del CCE.
“Esta semana, resaltó, se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto y acordado específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esta forma, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción, para que demos paso a un nuevo capítulo, de implementación y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que esperamos los mexicanos”.
Puntualizó que esos resultados, en concreto, se traducen en abatir la incidencia de actos de corrupción y abusos, y sobre todo, la impunidad con que se cometen. Esta es la “prueba de fuego” de la reforma anticorrupción que se ha aprobado.