Los cuerpos de víctimas de la violencia desbordan las morgues del estado mexicano de Guerrero, el más violento del país en 2016. Apilados en estacionamientos, con los refrigeradores saturados, la acumulación de cadáveres es sintomática de lo vivido en el país desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico.
El problema del sobrecupo de cadáveres en Guerrero ya se conocía desde mediados del 2016, cuando el secretario de Salud local, Carlos de la Peña Pintos, avisó que las unidades del Servicio Médico Forense (Semefo) estaban rebasadas ante la crisis de asesinatos del estado, que tiene la tasa más alta de crímenes dolosos de México. De enero a octubre del año pasado se registraron 1.832 casos de denuncias por homicidio doloso en la entidad, informa el sitio Sin Embargo, con lo cual alcanzaría la cifra de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Las autoridades dijeron en ese entonces que las cámaras frigoríficas de las morgues de ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, capital de la entidad, tenían cupo para hasta de 200 cadáveres, pero ya estaban al 120% de su capacidad. De acuerdo con un reportaje de ‘El Economista‘, en Acapulco (que tiene un índice de 111 homicidios por cada 100.000 personas), apenas hay 10 doctores para atender esta crisis de cadáveres, algunos de los cuales llevan en las cámaras frigoríficas desde el 2012.
Posible contingencia sanitaria
En una rueda de prensa, Carlos de la Peña Pintos responsabilizó a quien dirige la Fiscalía General de ese estado, Xavier Olea Peláez, por la saturación de cadáveres sin identificar, informa el semanario ‘Proceso‘.
El titular aseveró que en los últimos días se han acumulado más de 600 cadáveres en las ciudades mencionadas.
“Ya es un problema de salud pública en Guerrero”, dijo De la Peña Pintos, quien advirtió que de no resolverse el problema podría desatarse una contingencia sanitaria con riesgos para la salud de trabajadores y ciudadanos.
“Lo que ahorita solicitamos es que la Fiscalía agilice los estudios de genética para que la Secretaría de Salud desaloje los Semefos y envíe los cuerpos al panteón forense”, agregó.
Sin embargo, ‘Proceso’ también cita al vicefiscal del estado, José Bonilla Uribe, quien admitió que su institución no es capaz de realizar los estudios de perfil genético de las víctimas por falta de equipo y personal capacitado. También insistió en que la Procuraduría General de la República, la fiscalía general de México, debe apoyar en las labores de antropología forense que han rebasado al gobierno local.
Búsqueda de desaparecidos y fosas
‘Proceso’ detalla que ante la violencia y la acumulación de cadáveres el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, se dedica a la promoción turística de este estado, que hace décadas era famoso por playas como las de Acapulco y pueblos como Taxco.
Desde que en septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, familiares de personas desaparecidas en todo el estado se abocaron a buscar con sus propios medios y a exigir a las autoridades que identificaran los cuerpos.
La misma revista también dio a conocer que colectivos de familiares exigieron a Astudillo exhumar 800 cuerpos depositados por las autoridades de manera irregular en un panteón municipal de Acapulco. También le pidieron acelerar el trabajo de identificación genética de los cadáveres acumulados en las morgues del estado, así como construir un cementerio forense.
El 20 de noviembre de 2016, fueron encontrados 33 cuerpos y ocho cabezas en 17 fosas en el municipio de Zitlala. El hallazgo hizo que el servicio forense colapsara y exhibió que tan solo en una de las fosas había más de 500 personas sin identificar.
Diez días después, ‘Proceso‘ informó que los cuerpos de 10 hombres ejecutados en diversas partes de la región centro de Guerrero permanecían tirados en el estacionamiento del servicio forense de la ciudad de Chilpancingo, ya que no cupieron en los frigoríficos.