*Destaca la viabilidad de un modelo teórico –empírico para las áreas naturales protegidas que permita identificar las variables criminógenas relacionadas con delitos ambientales: Arturo Sereno.
En días pasados, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima se presentó el libro “La política ambiental como tecnología socio-jurídica. Un modelo de política criminal ambiental como política pública en áreas naturales protegidas: caso reservas de la biósfera”, del profesor de esa misma facultad, José Ángel Méndez Rivera.
La presentación estuvo a cargo de Arturo Sereno Marín, académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y de Antonio Olguín Torres, de la Universidad de Guanajuato.
Arturo Sereno dijo que el autor muestra la importancia y relevancia de las políticas ambientales, particularmente de una política ambiental dentro de las reservas de la biósfera: “La gestión pública eficiente no se puede lograr si no existe una política ambiental, entendida no desde el discurso de políticos y gobernantes, sino como un conjunto de acciones que desde la administración pública se diseñan para la protección del ambiente”.
“No puede haber una política ambiental unilateral sin un proceso de diagnóstico para recabar información de las poblaciones que se encuentran en un lugar determinado”, agregó. Manifestó que el libro muestra una realidad ambiental y una administración pública carente de dicha política pública: “Esta política es necesaria y urgente para conciliar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo social”, enfatizó.
El problema que el libro destaca, dijo, es la viabilidad de un modelo teórico-empírico para las áreas naturales protegidas, que permita identificar las variables criminógenas relacionadas con delitos ambientales: “Lo que me llamó más la atención son las variables criminógenas con relación a los delitos ambientales”.
“Identifica -agregó- cinco variables que no pierden actualidad: pobreza, falta de vigilancia, desempleo, necesidad comunitaria e indiferencia ambiental. A partir de estas variables criminógenas, hace propuestas de política y de reforma a los códigos penales”.
En su turno, Antonio Olguín comentó que el libro está conformado por seis capítulos, en el orden que sigue: Conceptos, política ambiental y protección jurídica; Modelos de regulación y protección jurídica penal del medio ambiente, Política criminal ambiental, Variables criminógenas en la reserva de la biósfera de la Sierra de Manantlán, Análisis de la gestión ambiental en el modelo tecnológico de política criminal ambiental en la reserva de biósfera y Marco epistémico del modelo tecnológico en política criminal ambiental: justificación de datos empíricos, nivel de validación de hipótesis descriptiva-prescriptiva y consecuencias político-legislativa del modelo.
Señaló que el libro propone un modelo de derecho ambiental más democrático, en el que se integren las realidades económicas e intereses sociales de las comunidades humanas de las áreas protegidas: “Recordemos que en muchas áreas protegidas existen asentamientos humanos que, con sus actividades económicas, las ponen en riesgo, y ahí es donde abona la obra de este autor”.
Este libro, consideró, “es de gran interés para los estudiosos de la política criminal y del derecho ambiental; sin lugar a dudas se convertirá en un punto de referencia para los estudiosos del derecho”.
Por su parte, José Ángel Méndez, el autor, dijo: “Me sustento en el marco conceptual de políticas públicas tal como lo definen algunos autores; tampoco aporto una ley científica porque esto sucede más en las ciencias naturales”.
Por último, comentó que este libro es una invitación a la reflexión ética: “Debemos sentirnos más cerca de la naturaleza y menos cerca de lo urbano, que es lo que ha dañado e impedido que seamos felices”.