Al manifestarse varias organizaciones, colegios y agrupaciones de abogados en el exterior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la ciudad de Colima, exigen una reingeniería integral del Sistema Judicial en la entidad, así como erradicar la opacidad y corrupción existente al interior del Poder Judicial.
En este sentido, los manifestantes demandaron a través de un ‘Manifiesto Judicial’, “una justicia eficiente, que sirva a la sociedad y una justicia en donde se pueda desempeñar libremente la abogacía”.
la sociedad colimense tiene el derecho inalienable de contar con un sistema judicial eficiente, que proteja los derechos humanos de la población y a contar con tribunales autónomos e independientes que impartan justicia de verdad; derechos que están consagrados en la carta magna local, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Una sociedad democrática, debe tener un sistema de justicia que proteja la dignidad humana, combata la corrupción, la impunidad y cualquier acto que dañe los derechos humanos de una sociedad; tanto individuales como colectivos.
“Un gobierno judicial democrático debe trabajar en sinergia con los poderes del Estado a fin de reforzar los más altos valores de justicia y lograr que la sociedad confíe en sus jueces”.
Una sociedad merece tener juzgadores capaces y que cuenten con los méritos y capacidades de impartir justicia, por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Agregaron que la sociedad tiene derecho a tener un gobierno judicial sensible, humanista y con vocación de servirle conforme a los problemas que la aquejan.
“La sociedad tiene el derecho irrenunciable a que los integrantes del sistema judicial sean producto de un sistema electivo democrático que cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales en elegir a quienes tengan mejores méritos y capacidades en la función judicial
La sociedad necesita que los procedimientos que se utilicen para integrar a los sistemas judiciales se apeguen al marco jurídico nacional e internacional a fin de proteger el acceso de justicia como un derecho de interés colectivo”.
Afirmaron que “la abogacía es una función que debe proteger el Estado democrático y a la vez ésta, tiene el deber ineludible de velar por la eficiencia del sistema judicial”.
MANIFIESTO JUDICIAL
En su Manifiesto Judicial sostuvieron que “la comunidad jurídica colimense y la abogacía libre e independiente, estamos conscientes que el sistema judicial local es una institución pública que tiene como tarea la aplicación de los valores, principios y derechos humanos, contenidos en la Constitución colimense, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de derechos humanos y las leyes que de ella emanen; haciéndolos respetar en favor de toda persona y también protegiendo los derechos de interés colectivo.
“Ante la sociedad, manifestamos públicamente quienes firmamos este manifiesto, que el poder judicial local, y que a pesar de contar con la infraestructura necesaria, no es un factor de confianza de la sociedad.
“La comunidad jurídica y la sociedad pide que el poder judicial vuelva a su esencia natural, de ser un poder que imparte justicia en un sentido de realidad objetiva y que sea producto de evaluación social, que sea ésta la que indique el grado de satisfactor máximo de eficiencia”.
Sostuvieron que el poder local carece de autonomía e independencia, no se cuenta con un Consejo de la Judicatura para que este órgano tenga función del control administrativo del poder judicial, de capacitación de sus integrantes, la falta de nombramiento a través de procedimientos objetivos y transparentes de servidores públicos que integran los órganos de justicia.
Señalaron que las magistraturas, juzgadores y personal en general “no se utilizan las normas de buenas prácticas para escoger a servidores con méritos y capacidades, no están aplicando un sistema judicial humanista en términos de lo que establece hoy la propia Constitución mexicana”