Ante lo que calificó como un hecho reprobable el secuestro y posible feminicidio de una joven estilista de Manzanillo y donde presuntamente están involucrados policías municipales, la coordinadora del Comité Estatal del Observatorio Nacional de Feminicidios en Colima, Carmen García García, aseveró que, con este vil hecho, se hace cierta la consigna señalada por las feministas del mundo, que la policía no cuida a las mujeres, sino son cuidadas por las amigas.
“Lo he dicho en muchas ocasiones que estamos en un contexto de guerra y ya lo han dicho varios organismos internacionales que cuando hay contextos en guerra o de violencia generalizada, como es el caso de Colima, las mujeres y las niñas están en mayor vulnerabilidad”, externó.
Además, dijo, a esta situación se le debe agregar que una autoridad que está para proteger y resguardar los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, son quienes cometen el delito, “pues es horrible”, subrayó.
Estamos -reiteró- en un contexto de violencia, como el que se vive en Colima, y además una autoridad de cualquier nivel y orden de gobierno comete estos delitos agrava la situación de violencia contra las mujeres, particularmente a quienes les están dándole una presunta responsabilidad que son policías pues también es igual de grave, “porque sabemos que los policías municipales que son los primero respondientes para atender cualquier situación de violencia contra las mujeres”.
En este sentido, puntualizó Carmen García, que la investigación de este asesinato, se debe iniciar la investigación tal y como lo marca la normativa, en que cualquier homicidio que se dé de manera violenta en contra de una mujer se establezca como presunto feminicidio.
Lamentó que muchas veces sea muy engorroso el proceso para los familiares para que les sea entregado el cuerpo y puedan darle el último adiós, pero también recordó que “el protocolo se deben de hacer las diligencias correspondientes desde se realiza el hallazgo del cuerpo, donde van las primeras diligencias, cuando se lleva laboratorio se tiene que hacer otras diligencias ahí para dejar la constancia de que todas las pruebas periciales que se tengan que hacer, que manda el protocolo, para poder adjuntar a la carpeta de investigación y se pueda es saber si fue un delito de feminicidio”.
Por ello reconoció que los familiares son también víctimas indirectas, “creo que se debe de tener mayor sensibilidad por cualquier autoridad y agilizar los procesos para que no se esté revictimizando más a los familiares”.
Aunado a ello, señaló que las autoridades municipales tienen una gran responsabilidad, eso lo dice La Ley General de Acceso, porqué son en los municipios donde ocurren los hechos, entonces ahí es donde se tiene que materializar esa Ley, “pero debe haber una disposición política de todas las autoridades para la coordinación, si esto no existe difícilmente vamos a poder tener una coordinación que realmente es urgente desde hace ya rato”.
Por ello, hizo un llamado urgente para dejar las diferencias de partidos políticos, de grupos de poder, para que se puedan materializar y llevar a la práctica lo que mandata la Ley General de Acceso.