Por Juan Ramón Negrete Jiménez
Otro veto al Congreso…
La columna anterior le di a conocer a usted el garrafal error cometido por los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura, cuando por no leer los dictámenes que se ponen a la consideración del pleno, los diputados de todos los grupos parlamentarios, aprobaron por unanimidad adicionar un Capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, al Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos contra el Estado, y adicionar el artículo 286 Bis al Código Penal para el Estado de Colima.
Desde que leí (yo sí lo hice) el dictamen de referencia me percaté de la grave pifia que habían cometido los legisladores colimenses, pues habían aprobado adicionar un capítulo y un artículo que contraviene de manera flagrante lo establecido por los artículos 6º. Y 7º, constitucionales, atentando en contra de las libertades de prensa y expresión, así como de violar la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
A los diputados colimenses que alguien los llevó al baile y ellos ni siquiera se enteraron, aprobaron a ciegas una reforma al Código Penal, que allá por 2011 en Veracruz, la aprobó el Congreso de aquella entidad, a la que se le conoció como la “Ley Duarte”, para crear precisamente el delito de perturbación del orden público.
Lo que los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura no se dieron cuenta, porque quien los llevó al baile o no lo sabía o trató de sorprenderlos, fue que, primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los tiempos de Raúl Plascencia como presidente, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a decir en aquél tiempo por el ombudsman nacional, la reforma realizada al Código Penal de Veracruz, “no corresponde a los estándares internacionales, pero sobre todo, no corresponde al respeto a la libertad de expresión y de ideas de la sociedad en general”.
La acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue porque el artículo 373 del Código Penal de Veracruz violaba las garantías constitucionales de libertad de expresión, derecho a la información y exacta aplicación de la ley penal y el máximo tribunal jurisdiccional declaró inconstitucional la llamada “Ley Duarte”.
Bueno, pues la reforma aprobada apenas la tarde-noche del pasado 15 de febrero, por los diputados colimenses, era muy similar a la que propuso allá en 2011, el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Quienes le elaboraron esa iniciativa a la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Martha Alicia Meza Oregón, que estoy seguro que ni supo qué planteó, se “fusilaron” prácticamente el mismo artículo 373, incluyendo hasta el título del capítulo y únicamente en el caso del Código Penal para el Estado de Colima, cambiaron el número del artículo que aquí pasó a ser el 266 bis.
El artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, que fue declarado inconstitucional por la SCJN, establecía que:
“A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
En Colima, la reforma al Código Penal, le adicionaron un capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, y fue adicionado el artículo 266 Bis, en donde establece que se le impondrá hasta 4 años de cárcel y multa por un equivalente de cien a trecientas unidades de medida de actualización a:
“I. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto;
“II. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido”.
Quienes integramos parte del periodismo organizado de México, emprendimos de inmediato una movilización para revertir esta flagrante violación a nuestra Carta Magna y tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (de la cual por cierto soy Secretario de Relaciones Internas y Afiliación del comité ejecutivo nacional), la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, signamos una carta abierta que se difundió en todo el país, para exigir al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ejercer su derecho al veto y no ordenara la publicación de esta reforma legislativa.
Asimismo demandábamos al Congreso del Estado, derogar de inmediato la citada reforma, por ser inconstitucional, so pena de emprender acciones legales, incluida la acción de inconstitucionalidad para que se diera marcha atrás.
No supieron qué hacer… y se entramparon
Bueno los diputados cuando se dieron cuenta del tremendo yerro legislativo que habían cometido, y todo por no leer los dictámenes, todos señalaron que querían corregir el error, sin embargo no se animaban a dar el paso y aún hubo algunos esfuerzos para tratar de convencer a los comunicadores, de que “no es contra los medios… a ustedes no se les va a afectar”, y a pesar de que les hicimos ver que ya en Veracruz se había declarado inconstitucional ese artículo se defendían diciendo que “aquí no es igual, mira, está cambiado”.
Bueno pues este miércoles hubo sesión en el Congreso del Estado y en el punto de asuntos generales, los diputados se entramparon… la diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una iniciativa la cual, como ella lo dijo, tenía el propósito “de analizar un tema de alto impacto para el pueblo colimense, precisamente se trata de la adición que este H. Congreso del Estado de Colima aprobó el pasado 15 de febrero del año en curso, del artículo 266 bis del Código Penal para el Estado de Colima, referente a tipificar como delito la perturbación del orden público”.
Señalaba la panista que “se trata de un tema de alto interés, debido a que aún no se publica en el Periódico Oficial del Estado y por ende no ha entrado en vigor, pero ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después”.
Reconoció que la reforma al Código Penal del Estado de Colima, mediante la cual se adiciona un artículo 266 bis, que crea el delito de perturbación del orden público, se encuentra en la actualidad fuertemente cuestionado y hacía referencia a algunas de las muchas voces que nos opusimos a que esta reforma aprobada por el Poder Legislativo entre en vigor.
La panista proponía como una medida “necesaria y urgente”, enmendar el actuar de este Congreso Local respecto a la adición del delito de ´Perturbación del Orden Público´, “toda vez que, de no hacerlo, seríamos autores de una grave transgresión de los Derechos Humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”, destacó.
No le hallaron la cuadratura…
Ante la propuesta de la legisladora panista el presidente de la mesa directiva del Congreso, el diputado Nicolás Contreras Cortés, decretó un receso, para asesorarse con los abogados, la manera en que podían entrar a esta discusión, sin embargo transcurrió el tiempo, los diputados aprovecharon para irse a cenar, porque de tanto penarle, viera qué hambre les dio, y nomás no encontraban como desfacer el entuerto.
Hubo necesidad de que el titular del Ejecutivo del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, que estaba enterado de la protesta nacional de los organismos del periodismo organizado de México, les diera la solución a los diputados y a través de su cuenta de Facebook subió el mensaje:
“En el ejercicio de mi facultad constitucional, he tomado la decisión de observar (vetar) el Artículo 266 bis del Código Penal, adicionado en días pasados por el Congreso del Estado.”
“Lo anterior, en concordancia a las consideraciones que ha sostenido la suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares en materia de Libertad de Expresión”.
Ya el mensaje estaba circulando de manera profusa entre todos los grupos de periodistas y políticos, y aún los diputados conocían el mensaje, se resistían a dar el paso…
El gobernador les estaba enmendando la plana a los legisladores, para que ya no se vieran más peor (porque mal ya se vieron), y ni así acertaban cuál era el paso a seguir.
Por fin tuvieron la feliz ocurrencia de pedir receso para que la sesión prosiguiera este jueves a partir de la cuatro de la tarde, aduciendo que “…por la relevancia del análisis de la propuesta presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, y que esto requiere seguirse discerniendo, analizando, le planteo, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuviera a bien decretar un receso”, pedía Federico Rangel, coordinador de los diputados priístas… ¡vaya, por fin!
El presidente del Congreso del Estado, Nicolás Contreras concedió ese receso, anunciando que se reanudará la sesión este jueves a las 16:00 horas.
Ahora ¿por qué hasta por la tarde reanudarán la sesión?, sencillo, en el curso de la mañana el Gobernador José Ignacio Peralta, enviará al Congreso del Estado, al Secretario General de Gobierno y al Coordinador Jurídico, a regresar el decreto que le fue turnado para su publicación que contiene las reformas al Código Penal, a los diputados con sus observaciones, que no serán otras más que dar marcha atrás y dejar sin efecto las adiciones al Código específicamente en lo que se refiere al artículo 266 bis.
De esa manera, por la tarde, al reanudar la sesión se informará que se han recibido las observaciones del Ejecutivo, en consecuencia la diputada Martha Sosa, retirará su propuesta de derogación del mismo artículo 266 bis, porque ya no existirá, estará vetado, y ese capítulo que se había adicionado al Código Electoral, se regresará a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a seguir durmiendo el sueño de los justos otro rato, cuando menos mientras se medio olvida esa pifia legislativa (otra más), en que incurrieron nuestros diputados.
No hay que perder de vista que éste será el segundo veto que el Ejecutivo Estatal hará de otro dictamen a esta misma Quincuagésimo Octava Legislatura, ya el ex gobernador Interino Ramón Pérez Díaz, ejerció esa facultad de vetar el presupuesto para el ejercicio 2016, precisamente cuando el Congreso del Estado, manejado por la mayoría panista y quiso servirse con la cuchara grande reasignando partidas y repartiendo dinero a instituciones y grupos de vecinos, como los comerciantes del Centro de Manzanillo, etcétera… por eso le digo, esta Legislatura pasará a la historia, y no va a ser precisamente por la pulcritud con que están ejecutando su trabajo.
¿A quién le interesa meter en broncas al Ejecutivo?…
Ahora aquí lo interesante será que el propio titular del Ejecutivo se ponga a averiguar a quién le interesa estarlo metiendo en broncas gratuitas, porque a decir verdad la adición de ese capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, y la adición del artículo 266 Bis, no tiene mucha razón de ser, salvo la de “perturbarle el orden” al mandatario estatal.
O dígame usted ¿qué perturbación del orden público hemos tenido los últimos meses o años, como para que se haga necesario legislar al respecto?, acaso las marchas o manifestaciones que ha habido en contra de los gasolinazos, la toma de la caseta de Cuyutlán o el bloqueo de unas horas del puerto interior, fueron de grado tal como para crear este delito para llevar a la cárcel a esos “peligrosísimos delincuentes”, que se oponen a que sigan aumentándose los precios de los combustibles.
Considero que si no se crea ese capítulo y no se adiciona ese artículo nada va a suceder porque para bien de Colima y de los colimenses, aquí no padecemos la perturbación del orden como sí ocurre en otras entidades, entonces ¿para qué le ponemos tentaciones a la autoridad para que meta a la cárcel a gente que sale a gritarle a veces a los diputados, a veces afuera de Palacio (cuando no está el gobernador)?, y que lo único que provocará será desorden pero a quien conduce los destinos del estado.
Ya lo dijo un político de viejo cuño, cuya frase forma parte de la picaresca estatal “No le busquen chichis a las culebras” (Alfonso Rolón Michel, ex presidente municipal de Villa de Álvarez y ex dirigente cenecista)…. Para qué tanto brinco, estando tan parejo el suelo.
Para cerrar….
**Se están cruzando apuestas sobre si acudirá o no y si acude, si llegará en vehículo o llegará a caballo, para saliendo del Congreso irse a la cabalgata del toro de once… sí este jueves a las 10:00 horas está citado a comparecer en audiencia para desahogo de pruebas el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, ante la Comisión de Responsabilidades, con relación al procedimiento que se le está desahogando el número 20/2016, que tiene que ver con aquél crédito de los 638 millones de pesos.
Ayer Mario Anguiano salió otra vez la luz pública y fue a un programa de radio con su amigo Max Cortés, el pretexto fue que diera su versión sobre su participación en la primera cabalgata de los festejos charro-taurinos de Villa de Álvarez, hace ya una semana.
Y pues ya de paso el ex gobernador Anguiano, salió a decir su verdad y a tratar de confundir a la gente respecto a esos 638 millones de pesos, que él insiste que ese crédito ni siquiera lo vio que porque lo ejerció el gobernador interino Ramón Pérez Díaz.
Y tiene razón, pero lo que Mario Anguiano no dice es que precisamente en el mes de agosto de 2015, él ya había gastado y debía esos 638 millones de pesos, producto de dos créditos ante el banco Interacciones, que mañosamente los programó que para que se pagaran el 28 de diciembre, cuando ya él no sería más gobernador.
Y donde le mintió al Congreso, al decirle que era para obra productiva, cuando en realidad, una parte fue para pagar gasto corriente, otra para pagarle a empresas fantasma y otro recurso que nadie sabe, nadie supo a donde fue a parar.
Usted que cree ¿que si se presentará hoy en el Congreso? ¿Cree que llegue a caballo para de ahí irse a la cabalgata del toro de once, que sale a las 12 del jardín Libertad?…. ya luego se lo platicaré “Desde la Curul 26”.
Por lo pronto le comento que el martes debían comparecer el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos y la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Avalos Fernández, y ninguno de los dos acudió a defenderse ante la Comisión de Responsabilidades, nadie sabe qué estrategia están adoptando los ex funcionarios, o si de plano les vale un soberano cacahuate el que los citen, sabedores de que nada les va a pasar ¿o sí?… mejor luego nos vemos….
**Ya en otra entrega abordaré el asunto del robo de cheques de la Secretaría de Cultura, donde por cierto se está dando un caso como para Rypley…. Se roban más de 15 cheques, causan daño al erario por más de un millón y tantos de pesos, y no se separa a nadie de su cargo, ¿¡habráse visto!?…. ya no entendí, pero ya luego abordaré el tema, con pelos y señales….
**Y ahora sí, ya para terminar, informarle que mañana viernes 24 de febrero se estarán cumpliendo 12 años ya del terrible accidente aéreo donde perdió la vida nuestro siempre gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes y otros seis buenos amigos, cuando se trasladan de la ciudad de México a esta ciudad capital.
Seguramente habrá algunos eventos para seguir recordando a quien supo ser un excelente amigo y que si hubiera concluido su gestión seguramente hubiera sido de los mejores gobernadores que hubiera tenido Colima… A todos sus familiares y amigos, les envió un fuerte abrazo fraternal en esta fecha… hasta la próxima.