A nombre de sus compañeros de Grupo Parlamentario y de los diputados del PVEM, PT y Nueva Alianza, el legislador priista Octavio Tintos Trujillo presentó una iniciativa de ley con la que propone hacer obligatoria para los candidatos a cargos locales, la presentación de las declaraciones de su situación patrimonial, situación fiscal y no conflicto de interés.
De aprobarse en los términos en los que fue presentada la iniciativa de reforma al Código Electoral y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los precandidatos y candidatos a alcaldes, síndicos, regidores, diputados locales y gobernador, tendrán la obligación de hacer pública la declaración conocida como 3 de 3.
En primera instancia, Tintos Trujillo planteó incorporar al Código Electoral del Estado de Colima como uno de los requisitos para solicitar ante el Instituto Electoral del Estado el registro a una candidatura local, la presentación de la declaración 3 de 3.
Asimismo, el diputado por el municipio de Cuauhtémoc propuso establecer en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, la obligación de los partidos políticos de publicar en sus páginas oficiales de internet, la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses de sus precandidatos y candidatos a ocupar puestos de elección popular.
Octavio Tintos recordó que en el pasado proceso electoral, algunos candidatos a ocupar puestos de elección de manera voluntaria presentaron su declaración 3 de 3, la cual pusieron a disposición de la ciudadanía en la página web oficial del partido político al que pertenecían y en una plataforma digital que con esa intención construyeron diversos organismos de la sociedad civil.
“Sin embargo, pese a lo anterior, los iniciadores consideramos pertinente establecer como una obligación de los candidatos el presentar su declaración 3 de 3, al momento de su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Colima”, señaló el legislador priista.
Estimó que la transparencia es una pieza fundamental para el ejercicio de la democracia representativa, lo anterior en virtud de que el acceso a la información contribuye a generar una ciudadanía informada y al pluralismo político.
Finalmente, apuntó que el derecho de transparencia y acceso a la información siempre debe tener la protección más amplia, sobre todo en el contexto del desarrollo de los procesos electorales, en virtud de que la transparencia contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado y consciente.