La diputada federal Claudia Yáñez Centeno, secretaria de la Comisión de Pesca presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos, entre ellos el 4, 8, 22, 22 Bis, 23 Bis, 28, 29, 33, 45, 51, 52, 53, 57, 92, 100, 122, y 124 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para precisar algunos límites de responsabilidad administrativa y fortalecer la participación ciudadana en el sector pesquero y acuícola.
Señaló que dentro del marco legislativo, los ordenamientos, los mecanismos de control y los lineamientos que regulan el aprovechamiento de estos recursos, se podría decir que son funcionales; sin embargo, en cuanto a su implementación, no han cumplido en todo con sus objetivos.
“El sector pesquero y acuícola, han sido los más afectados por la ineficiente aplicación de las políticas públicas en materia administrativa, incrementado el rezago social y económico, por tanto urge la participación de las diversas Secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Marina y demás dependencias, que bajo el amparo de sus propias atribuciones coadyuven a la CONAPESCA a realizar de manera correcta la Inspección y vigilancia de las zonas donde se desarrolle la actividad pesquera y acuícola”, agregó.
En rueda de prensa que ofreció hoy en Palacio Legislativo, dijo que la Ley General vigente fue decretada el 24 de julio de 2007, con la finalidad de establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.
“Desde el 2007 a la fecha, no se ha presentado una reforma sustantiva que atienda con pleno respeto y derecho al sector pesquero y acuícola durante más de 13 años; de la misma manera, al día de hoy, no contamos con un Reglamento actualizado por parte de CONAPESCA desde 1998, que dimensione, administre y procure el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades en los términos de la presente Ley”, agregó
Manifestó además la diputada, que tanto CONAPESCA como INAPESCA no han podido establecer las bases de un ejercicio democrático y participativo de los sectores interesados en la actividad de la pesca deportiva y la pesca ribereña, incluyendo pescadores, prestadores de servicios turísticos, autoridades de gobiernos estatales y municipales, así como representantes de la sociedad en general.
“Es por ello que, desde la Comisión de Pesca, de la cual soy secretaria, estoy impulsando se reformule de manera sustantiva la situación política y socioeconómica que vive este sector en la actualidad en nuestro país”, subrayó Claudia Yáñez Centeno.
Aclaró que, en lo general, la reforma que está impulsando busca establecer mejores lineamientos, estrategias para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros y robustecer las actividades productivas y demás actividades en beneficio de los ecosistemas.
Como ejemplo, citó las siguientes: reformar los artículos 4 y 8 para mejorar y ejecutar las acciones de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola sin perjuicio de las dependencias de la Administración Pública federal, Estatal y Municipal.
Dentro del artículo 22, propuso de manera más clara que el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura sea la instancia para proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos de carácter nacional, regional, estatal y municipal que impulsen el desarrollo de la pesca y la acuacultura.
Adicionó el artículo 22 BIS para que las sesiones del Consejo Nacional sean de carácter público y convocadas por la Secretaría Técnica, por lo menos 4 veces al año.
Planteó en el artículo 28 la participación más activa de los sectores social y privado de la pesca y dentro del artículo 29 que el INAPESCA emita su opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la presente solicitud.
Por otro lado, se busca que en el artículo 33 se contemple la caracterización clara de artes y métodos de pesca por zona de captura y con vigencia de 5 años.
En materia de las concesiones y permisos para la pesca, está impulsando en los artículos 45, 51, 52, 53 y 57, que éstos se resuelvan en un lapso no mayor a los 30 días hábiles, con una duración de 1 a 6 años para la pesca comercial, y deberán ser prorrogados a petición del titular, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
En cuanto a las concesiones y permisos para la acuacultura, propuso reformas a los artículos 92 y 100, en donde los permisos deberán ser transferibles para su uso en la zona federal marítima terrestre, con previa autorización por la autoridad.
En el artículo 122 expuse que dentro del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y la Carta Nacional de Pesca se mantengan actualizados los permisos y concesiones otorgados para realizar la actividad pertinente.
Finalmente, planteó la legisladora federal en el artículo 124 de la Ley, que para los efectos de inspección se contemple la participación de la Secretaría de Marina y para ello, se utilicen cámaras, drones y vigilancia satelital, a fin de que se emitan infracciones conforme a la normatividad y se turnen a la autoridad competente, con pleno respeto a los derechos humanos.
En suma, con estas reformas, se pretende también establecer las bases para la mejora e instrumentación de las herramientas para la gestión administrativa de la pesca y la acuacultura en México, a la par de promover la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas.