+ Asisten integrantes del STJE al Congreso del Estado para entregar su proyecto de presupuesto
+ “Si la justicia y el Poder Judicial están debilitados, estamos debilitados todos”: Diputados
Asiste el magistrado presidente y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) al Congreso local para entregar a los legisladores el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el cual haciende a 329 millones 362 mil 576 pesos y contempla la implementación de la reforma laboral, edificación del centro de convivencia familiar supervisada y salas de oralidad mercantil.
En este contexto el magistrado presidente del STJE, Bernardo Alfredo Salazar Santa explicó a detalle para qué será destinado dicho recurso, reiterando que el año pasado se autorizaron 216 millones de pesos, los cuales fueron insuficientes para responder a las necesidades del Poder Judicial, pues el 94.6 por ciento se destina para el pago de nómina de los trabajadores.
Salazar Santana insistió en que el servicio de administración de justicia no debe seguir siendo considerado secundario y por debajo otros como los servicios de seguridad pública, salud, educación, apoyo a personas vulnerables y más necesitadas, como actualmente se concibe al elaborarse el presupuesto global, por lo que manifestó que todos tienen el mismo nivel y responden a una necesidad incluyendo el derecho humano de acceso a la justicia que es tan prioritario los ya mencionados.
“Yo entiendo que genera más aplauso y más vitrina inaugurar una escuela o construir una escuela o centro de salud que un centro de convivencia familiar supervisada, aunque los dos respondan a una necesidad de atención a la infancia, porque el centro de convivencia familiar supervisada es para garantizar el interés superior de los niños y niñas que están en medio de una situación de conflicto entre sus padres y que inciden en su desarrollo y es un derecho humano a una vida sana”, puntualizó.
Insistió en que el presupuesto que se plantea es un presupuesto real para una necesidad real, por lo que solicitó a los diputados se haga un análisis para buscar el presupuesto que permita la operatividad del Poder Judicial, garantizando así el derecho humano a la justicia.
En su intervención el magistrado Juan Carlos Montes y Montes expresó también que se le ha dado indicaciones al Poder Judicial para cumplir los compromisos legales como son el tema mercantil, narcomenudeo y ahora la reforma laboral, pero no se incrementa el presupuesto, ni personal para atender dichas obligaciones, lo que complica aun más el financiamiento de la institución, por lo que solicitó a los legisladores que tomen lo complicado de la situación.
De igual manera el magistrado Mario de la Madrid Andrade manifestó que ya viene también la reforma en materia civil y familiar y también se necesitará responder a esa obligación legal, pero lo grave es que no existen recursos suficientes para operarlas.
En este contexto, la diputada Jazmín García Ramírez, expresó “si la justicia y el Poder Judicial están debilitados entonces estamos debilitados prácticamente todos, porque es el clásico de que hagas lo que hagas no ve va a pasar nada, no hay una responsabilidad en el núcleo social y obviamente tendremos una sociedad descompuesta”.
Por lo que insistió en la importancia de ajustar los presupuestos acordes a la función, personal y actividades de los poderes del estado, quienes son los responsables de todo lo que pasa en la sociedad.
De igual forma los diputados Francisco Rodríguez, María Guadalupe Berver Corona, Remedios Olivera Orozco y Julio Anguiano Urbina, manifestaron su completa disposición de apoyar la petición del Poder Judicial con respecto al incremento que solicitan, porque saben de la necesidad que económica por la que enfrentan, por lo que se tiene que hacer un análisis a fondo para buscar prioridades.
En la reunión de trabajo también estuvieron presentes, los magistrados René Rodríguez Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Miguel García de la Mora, José Alfredo Jiménez Carrillo y las magistradas, María Luisa Ruíz Corona y Leticia Chávez Ponce.
Así como también las diputadas Lizet Rodríguez Soriano, Gretel Culin Jaime y Ana María Sánchez Landa y los diputados Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán.
