El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), Armando Zamora González, señaló que la revisión financiera encargada por la actual administración estatal al despacho PricewaterhouseCoopers, tiene muchas coincidencias con lo detectado por la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y hasta agosto de 2015 del Poder Ejecutivo.
Reunido con diputados locales, a quienes ofreció detalles sobre el resultado de la auditoría excepcional, Zamora González dijo que el Libro Blanco que surgió de la revisión financiera de PwC presentó indicios que el Osafig tomó en cuenta.
“El trabajo de esa revisión financiera (la de PwC) es meramente informativo, pues nunca fue con procedimientos derivados de una auditoría fiscal. Ellos hicieron hallazgos y fueron indicios que nosotros tomamos, en cuenta”, señaló el Auditor Superior.
Cuestionado al respecto por la diputada Martha Sosa Govea, Zamora González reconoció que hay muchas coincidencias que fueron analizadas y tomadas en cuenta de las que vienen identificadas en el Libro Blanco, “arriba del 50 por ciento”, señaló.
El funcionario explicó que la auditoría excepcional tenía dos objetivos: investigar presuntos desvíos de fondos del Presupuesto de Egresos y la presunta simulación de reintegros a fondos federales.
En ese sentido, informó que en 2013 se erogaron 2 mil 169 millones de pesos en servicios personales , 920.2 millones de pesos más de lo autorizado, acreditándose que fue falseada y ocultada la información contable.
Dijo que para 2014, se erogó en nómina 2 mil 307 millones de pesos, 974.4 millones de pesos más de los autorizados en el Presupuesto de Egresos.
Zamora González indicó que en los años 2013 y 2014, el déficit real en servicios personales se fue por mil 867 millones 696 mil 154 pesos, falseando información contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables.
Respecto al fondo revolvente de los años 2013 y 2014 del Despacho del Gobernador y de Casa de Gobierno, se erogaron 6 millones 568 millones de pesos de gastos prohibidos en el Reglamento para el Manejo del Fondo Revolvente y en las Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal, habiéndose hecho un uso discrecional y a fines de conceptos personales.
Mencionó también que se detectaron 59 trabajadores con percepciones en dos nóminas, una de magisterio estatal o federal y otra en la de la burocracia, lo que correspondió a un pago de 48.9 millones de pesos; cinco personas cobraron en tres nóminas, que equivalen a 7.9 millones de pesos, y 111 personas cobraron en el periodo 2013-2015 en las nóminas magisterial estatal y federal, erogándose 88.46 millones de pesos.
Al respecto, Armando Zamora admitió que en esa información puede haber inconsistencias, “de hecho se debe generar un ejercicio para aclarar cuáles fueron los horarios reales, todo esto está expresado como nosotros lo tuvimos a la vista y nos fue entregada la información por la propia Coordinación de los Servicios Educativos”.
En se sentido, aclaró que los expedientes no están debidamente actualizados, dado que reflejan inconsistencias y dado que no se acreditaron plenamente los horarios.
Consideró correcto que los maestros puedan tener su oficio de comisión, pero en la Secretaría de Educación no lo tuvieron cuando el Osafig lo solicitó
“De ninguna manera nosotros estamos expresando que haya habido aviadores, estamos encontrando discrepancias en cuanto a la incompatibilidad de horarios, la conclusión es que hay que aclarar esto y una vez que se determine que algunos no se puedan acreditar, habrá que hacer lo conducente en lo económico y en materia de responsabilidades”.
Mencionó también que con Motivo del huracán Manuel, Pemex donó al gobierno de Colima, a solicitud del exgobernador Mario Anguiano, 200 mil litros de dísel, 200 mil litros de gasolina magna y 3 mil toneladas de asfalto AC-20, cuyo monto ascendió a 38 millones 510 mil 107 pesos, que se utilizarían para realizar trabajos de limpieza, remoción de escombro, rehabilitación y construcción de calles.
“Nunca se pudo acreditar que el combustible haya sido utilizado en vehículos de gobierno, pero sí pudimos comprobar que a las gasolineras Servicios Pereyra y Servicio Comercial del Centro fue llevado el combustible”, reveló Armando Zamora.
En ese sentido, el diputado Nicolás Contreras sugirió que en las irregularidades detectadas que tengan que ver con el ámbito federal, deben presentarse las denuncias ante la Procuraduría General de la República.
Ante ello, el Auditor Superior del Estado indicó que es su obligación presentar las denuncias de hechos; sin embargo, se está preparado la información que soporte a esas denuncias y se está valorando a qué instancias presentarlas, pues hay recursos del orden federal y local.
Zamora González señaló también adquisiciones que no fueron debidamente acreditadas, entre otras 14 millones 887 mil 109 pesos de equipo de cómputo y video para diversos proyectos para el Programa Nacional de Prevención del Delito; mismo caso en capacitación y cursos por 14 millones 645 mil 659 pesos, y por compras de servicios de tecnología de información, cuyos gastos por 64 millones 819 mil 439 pesos tampoco pudieron acreditarse