*En total son mil 678 millones de pesos que 22 estados adeudan y no han entregado a las universidades (entre ellas Colima), cita el punto de acuerdo aprobado.
Alfredo Quiles Cabrera
La Comisión Permanente del Congreso pidió a los gobiernos de las entidades federativas (entre ellas a Colima) que entreguen recursos que adeudan a universidades públicas.
En total son mil 678 millones de pesos que 22 estados no han entregado a las universidades, cita el punto de acuerdo aprobado.
Por unanimidad, el Pleno pidió a los gobiernos estatales que regularicen la entrega de los recursos correspondientes a estas universidades, en términos de los convenios suscritos con la Secretaria de Educación Pública.
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a que en apego a sus atribuciones legales, investigue la entrega y ejercicio de los recursos federales destinados a las universidades públicas estatales.
“Se trata de un tema atinente a la educación por lo que debe atenderse y merece atención por parte del Congreso y versa sobre el adecuado y transparente uso de los recursos públicos destinados a la educación”, cita el dictamen.
Señala que las entidades que no han entregado los recursos a las universidades públicas estatales son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, y Yucatán.
Los estados con mayores adeudos son Baja California, con 264.9 millones de pesos; Michoacán, con 44.1 millones; Nuevo León, con 307.8 millones de pesos; Sonora, con 312.3 millones; y Tamaulipas, con 141.5 millones de pesos.
La Comisión Permanente del Congreso advirtió que mientras el gobierno federal sí ha cumplido con las casas de estudio, los estatales están en falta con los recursos de este año.
Mencionó que los adeudos han generado un problema para las universidades, porque no reciben la parte estatal y hay una distorsión en el ejercicio de recursos. Ello, dijo, genera una mala atención a los estudiantes.
Por tal motivo indicó que es necesaria la intervención de la ASF porque los recursos que deben ser destinados a las universidades y que ya están en las arcas estatales, pueden ser desviados a gastos distintos.