Dado que la Constitución Mexicana, en su artículo cuarto señala la salud como derecho para las y los mexicanos, el Gobierno del Estado planteó al Congreso la inclusión de las personas privadas de libertad, en el régimen de protección social en salud.
Lo anterior, dado que las personas bajo esta condición tienen limitado su derecho a la seguridad social, por lo que de lograr su inclusión al Seguro Popular, tendrían el acceso a los servicios de salud.
Con ello, las y los internos tendrían garantizado el derecho a la atención médica y a tratamientos específicos como el VIH-Sida y tuberculosis.
En reunión de trabajo, integrantes de la Comisión de Prevención y Readaptación Social del Congreso con las Secretarías de Salud y Bienestar Social, se planeó que a través de la legislatura, se hiciera la gestión con la contraparte federal en el Congreso de la Unión.
Con lo anterior, se avanzaría para que los gastos de tratamientos por padecimientos infecto contagiosos estén considerados en la plataforma del Seguro Popular y sean otorgados a estos pacientes.
En el encuentro, participaron la diputada presidenta de la Comisión de Prevención y Readaptación Social, Lizet Rodríguez; la directora de servicios de salud y la de asuntos jurídicos en la Secretaría de Salud, Yadira Martínez y Paloma Rodríguez, respectivamente; así como el subdirector jurídico y el coordinador médico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Javier Delgado y Aurelio Vallejo.