En votación unánime, el Congreso del Estado reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para establecer como prohibición para los diputados locales, recibir recursos para previsión social múltiple, apoyos sociales o conceptos similares.
La reforma se desprende de dos iniciativas, una presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima y otra por la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, que plantearon la modificación a la fracción XI del artículo 22 de esa normatividad.
El dictamen a favor de eliminar la partida de previsión social múltiple, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y leído en tribuna por Nicolás Contreras Cortés, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, destaca la necesidad de inhibir la asignación de recursos a los diputados para actividades ajenas a la función que institucionalmente les compete.
Contreras Cortés señaló que ni la Constitución Mexicana ni la Constitución de Colima ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dotan de atribuciones a los legisladores para realizar de forma directa y discrecional la entrega de apoyos sociales a la población en general, pues el desarrollo y la asistencia social es competencia de otras instancias gubernamentales.
“Como representantes populares no podemos ignorar las voces de cientos de colimenses, que a través de diversos medios de comunicación, han manifestado su inconformidad y molestia por el aumento realizado a la partida de previsión social múltiple, que desde el mes de mayo asciende a un total mensual de 68 mil pesos por cada uno de los diputados que integramos este Poder Legislativo”, indicó el coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima.
Reconoció que si bien en su esencia ese recurso etiquetado bajo el rubro de previsión social múltiple persigue un fin noble, el cual es ayudar a la población que acude a solicitar diversos apoyos económicos, por su manejo discrecional, falta de mecanismos de fiscalización, pero sobre todo, por encontrarse fuera de las funciones que atañen al Poder Legislativo, ese concepto presupuestal se vuelve insostenible.
Respecto al destino que debe dársele a los recursos asignados al concepto de previsión social múltiple, los diputados independientes plantearon que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentario realice la propuesta correspondiente, misma que deberá ser aprobada por la Asamblea.
Nicolás Contreras mencionó que en su iniciativa, la diputada del Partido MC propuso que los recursos que dejarán de erogarse por concepto de previsión social múltiple se destinen para la profesionalización del Congreso del Estado, a través de un centro de estudios legislativos, dar mayor y mejor difusión de las actividades legislativas y convocar a los profesionales de todas las ramas del conocimiento para enriquecer las normas legales.
Tras la modificación a la norma, la redacción de la fracción IX del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativa los derechos de los que gozan los diputados, quedó así: “Recibir los apoyos financieros, materiales y de recursos humanos que requieran para desempeñar con eficacia su encargo, sin que por ningún motivo puedan recibir recursos para la previsión social múltiple ciudadana, apoyos sociales o conceptos similares, por no ser una función inherente a su encargo”.
También se aprobó que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios sesione dentro de los primeros cinco días de la entrada en vigor de la enmienda, para realizar los ajustes administrativos correspondientes para dejar de entregar los recursos asignados bajo el concepto de previsión social múltiple, debiendo decidir a su vez el destino que se le dará a los recursos originalmente asignados a tal rubro, para lo cual deberán contar con la aprobación de la Asamblea.