Donald Trump reacciona a fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalida la mayoría de sus aranceles

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “profundamente decepcionante” la decisión de la Corte Suprema que invalidó gran parte de los aranceles impuestos durante su administración.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca este 20 de febrero de 2026, el mandatario aseguró que el fallo representa una “decisión terrible” y expresó su inconformidad con algunos integrantes del máximo tribunal.

“Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, por no tener el coraje de hacer lo que es correcto para nuestro país”, declaró.
“Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”.

📌 ¿Qué dictaminó la Corte Suprema?

Con una votación 6-3, el Tribunal determinó que el Gobierno se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para justificar la imposición de aranceles generalizados.

La Corte sostuvo que:

La IEEPA no faculta al presidente a crear nuevos impuestos en tiempos de paz.

Los aranceles constituyen un tipo de impuesto, y la Constitución reserva al Congreso las decisiones centrales en materia tributaria.

La administración abusó de los poderes de emergencia al aplicar gravámenes masivos desde abril pasado.

💰 ¿Qué aranceles quedan invalidados?

La sentencia afecta principalmente:

Los llamados “aranceles recíprocos” aplicados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Incrementos de hasta 50% a Brasil e India.

El 25% a ciertas importaciones de Canadá y México.

El 10% aplicado a China.

⚙️ ¿Qué aranceles NO se ven afectados?

La resolución no impacta los aranceles sobre:

Acero

Aluminio

Otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas a la IEEPA.

La decisión representa un revés significativo para la estrategia comercial del presidente, quien había defendido los aranceles como herramienta clave de presión económica y protección de la seguridad nacional. El debate ahora se traslada al Congreso, que mantiene la facultad constitucional sobre la política tributaria.