Subsidio del 50% en internet y telefonía para estudiantes, propone Mely Romero

 

Con el objetivo de reducir la brecha digital y apoyar a las y los jóvenes que cursan sus estudios, la senadora Mely Romero Celis, junto con el grupo parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa para establecer un subsidio del 50% en los pagos de servicios de internet y telefonía para estudiantes inscritos en instituciones educativas reconocidas por el Estado.

“Internet no debe ser un lujo, sino una herramienta básica para garantizar el derecho a la educación”, afirmó la senadora del PRI al presentar la propuesta, que busca que el acceso a la conectividad deje de ser un obstáculo para el aprendizaje, especialmente para quienes viven en condiciones de desventaja económica.

La iniciativa, propuesta con el respaldo de las y los priistas en el senado, contempla que el subsidio se otorgue de manera directa a jóvenes que acrediten su inscripción en escuelas públicas o privadas con reconocimiento oficial, en niveles desde secundaria hasta educación superior. El beneficio aplicaría tanto en zonas urbanas como rurales, donde la falta de acceso a internet ha acentuado la desigualdad educativa.

Romero Celis explicó que la pandemia dejó al descubierto las profundas carencias de infraestructura digital en México, así como la urgencia de apoyar a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios con dignidad y equidad. “En pleno siglo XXI, no podemos permitir que haya jóvenes que abandonen la escuela porque no tienen cómo conectarse a sus clases o tareas”, señaló.

La senadora colimense hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta iniciativa, que forma parte de su plan #ColimaPosible, con el que busca impulsar medidas concretas en favor de la educación, el desarrollo y la equidad.

“El acceso a la educación no debe depender del código postal o del ingreso familiar. Esta propuesta es una respuesta clara y directa para miles de jóvenes que quieren superarse, pero que enfrentan barreras tecnológicas que el Estado está obligado a derribar”, concluyó.