Bitácora reporteril

Seguridad: sin cambios de fondo, no hay resultados

César Barrera Vázquez

Desde 2006, la estrategia de seguridad ha sido la misma: poner al ejército a realizar labores de seguridad pública. Dieciocho años después, la realidad demuestra que sin cambios de fondo, la crisis no se resolverá. Y si bien la coordinación entre los tres niveles de gobierno es algo indispensable, no basta. Se necesita profesionalización, equipamiento y un sistema de procuración de justicia eficiente que garantice investigaciones sólidas y efectivas para que sean judicializadas.

El problema es complejo. La impunidad no se abate sólo con patrullas en las calles, sino con agentes ministeriales capacitados para integrar carpetas de investigación bien estructuradas. Sin un sistema de procuración de justicia eficiente, los criminales seguirán saliendo libres y, en el peor de los casos, serán los inocentes quienes terminen en prisión.

Lo mismo ocurre con la policía municipal. Su labor es preventiva, pero sin formación adecuada y sin equipo suficiente, su capacidad de reacción es limitada. No se trata sólo de más patrullas o armas; se trata de que quienes patrullan nuestras calles tengan la preparación y las capacidades necesarias para cumplir con su función.

La Guardia Nacional, con las reformas recientes, ahora tiene atribuciones para realizar labores de investigación, algo antes exclusivo del Ministerio Público. Para bien o para mal, esto ya es ley y está vigente. Lo que toca ahora es generar condiciones adecuadas para profesionalizar a nuestras fuerzas de seguridad. Incluso, debería analizarse la viabilidad de crear una institución especializada, al estilo del FBI en Estados Unidos, enfocada en la investigación criminal con un cuerpo profesional altamente capacitado. Así como existen escuelas militares para formar oficiales o universidades para arquitectos, médicos y abogados, deberíamos tener instituciones que preparen especialistas en seguridad pública e investigación criminal.

Pero no basta con capacitar y exigir. Si queremos mejores perfiles en las corporaciones policiacas, hay que ofrecer mejores condiciones de vida y laborales. No podemos esperar que jóvenes con talento y vocación ingresen a cuerpos de seguridad si los sueldos son bajos y las condiciones laborales son precarias. La seguridad es un trabajo de alto riesgo y, como tal, debe ser dignificado.

Otro aspecto esencial es la depuración de las corporaciones. No se puede combatir al crimen si dentro de las instituciones hay servidores públicos coludidos con delincuentes. Se requieren controles de confianza estrictos y mecanismos para detectar vínculos entre funcionarios y el crimen organizado. Para ello, la transparencia es indispensable. Es necesario escrutar el nivel de vida de los funcionarios y verificar si corresponde con sus sueldos y percepciones. También se debe transparentar si existen conflictos de interés entre servidores públicos y sus familiares. Sin este filtro, la corrupción seguirá permeando las instituciones de seguridad.

Por otro lado, la participación ciudadana es clave. Debe haber mecanismos seguros y eficientes para que la gente denuncie sin temor a represalias. Además, es crucial contar con protocolos de actuación efectivos en delitos de alto impacto, los que más afectan a la sociedad. Es fácil echar culpas. Se ha vuelto costumbre que los gobiernos se acusen mutuamente, pero la seguridad no es un juego político. No hay soluciones milagrosas ni culpables únicos. La seguridad es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado. Cuando hay malos resultados, el fracaso es colectivo.
Pero lo más doloroso de este fracaso no es la incompetencia de las autoridades. Lo verdaderamente trágico es la pérdida de paz y tranquilidad de los ciudadanos. Mientras los políticos debaten sobre a quién culpar, son las familias las que sufren las consecuencias.

Dos puntos

La Universidad de Colima contribuye en la recuperación de la seguridad desde otro ángulo: impulsando la cultura de la paz en sus aulas. Porque la seguridad no sólo se construye con patrullas y cárceles, sino también con educación, prevención y reconstrucción del tejido social.