La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, conocida como la “ministra del pueblo”, visitó la Universidad Intercultural de Colima (UIC) para explicar los fundamentos y la necesidad de la reforma al Poder Judicial.
Acompañada de la rectora de la UIC, Caty Suárez, así como de autoridades académicas y estudiantes, Batres presentó un análisis sobre el funcionamiento del sistema de justicia en México y los problemas estructurales que han generado una crisis de confianza en la impartición de justicia.
Durante el evento, la rectora destacó la importancia histórica de esta visita para la universidad y el estado, al recibir por primera vez a una ministra de la Suprema Corte en un espacio de diálogo directo con la comunidad universitaria.“
Durante su ponencia, Batres detalló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2023), el 39% de la población expresa desconfianza en los jueces, y un 63% los percibe como corruptos. Además, según el Latinobarómetro 2020, el 82% de los mexicanos considera injusto el acceso a la justicia y el 73% cree que no todas las personas son iguales ante la ley.
Esta percepción negativa se refleja también en el ámbito internacional. El Proyecto de Justicia Mundial (2023) ubicó a México en el lugar 116 de 142 países en su índice de Estado de Derecho, con calificaciones particularmente bajas en efectividad de investigación y trato igualitario en los tribunales.
Uno de los aspectos más críticos señalados por Batres es el alto costo del Poder Judicial en México, que supera los 78 mil millones de pesos anuales. En comparación con otros países, la SCJN mexicana gasta significativamente más: 48% más que su equivalente en Estados Unidos, y hasta diez veces más que cortes supremas en países como España o Canadá.
A nivel individual, un ministro de la SCJN percibe anualmente más de 7 millones de pesos, incluyendo prestaciones que la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe, como seguros de separación individualizada y gastos médicos privados. Esto contrasta con el salario del presidente de la República, que es apenas una tercera parte de lo que gana un ministro.
La magistrada enfatizó que el Poder Judicial de la Federación cuenta con la nómina más cara de todos los entes públicos de nuestro país además de prestaciones entre las que incluyen conceptos que la Ley Federal de Austeridad Mexicana prohíbe a personas servidoras públicas como seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores y pago de riesgos que incluye a ministros y la totalidad del personal del poder judicial, estas remuneraciones onerosas para el pueblo de México pueden ascender a 80 salarios mínimos.
Batres también denunció la existencia de fideicomisos en el Poder Judicial, que han sido utilizados para fines opacos. En 2023, el Congreso aprobó la reasignación de recursos de 14 fideicomisos para la reconstrucción de Guerrero tras el huracán Otis, pero el Poder Judicial interpuso amparos para evitar la entrega de dichos fondos, argumentando que estaban destinados a prestaciones de trabajadores, aunque solo dos de los fideicomisos cumplían con ese propósito.
La ministra subrayó que el 49% del personal del Poder Judicial tiene vínculos familiares dentro de la institución, y casi el 24% cuenta con más de cuatro familiares empleados en el mismo órgano. Además, la administración de justicia se ve afectada por un excesivo rigorismo en la evaluación de pruebas, lo que ha permitido la liberación de imputados por tecnicismos procesales.
Por otro lado, el sistema penal acusatorio, implementado para agilizar la justicia, ha resultado en una excesiva protección de los imputados sobre las víctimas, contribuyendo a la impunidad en casos de feminicidio y delitos graves.
Lenia Batres destacó que la reforma constitucional al Poder Judicial busca devolver al erario los recursos destinados a privilegios injustificados. Hasta ahora, el límite salarial impuesto por la Constitución ha sido evadido por el Poder Judicial, lo que ha generado un gasto excesivo. La implementación de la reforma permitiría un ahorro de más de 2,167 millones de pesos anuales, que podrían ser reasignados a infraestructura, salud y educación.
La ministra concluyó su intervención subrayando que la reforma no solo es indispensable, sino inevitable, para garantizar un sistema de justicia más accesible, transparente y equitativo.
¡La Reforma al Poder Judicial Va!
