El Gobierno mexicano sostiene que los ciudadanos deben elegir a los jueces y defiende la Constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso
El presidente de la Mesa Directiva del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, anunció que hasta este miércoles 1,809 personas se han inscrito para participar en la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces, programada para el 1 de junio de 2025.
A través de un comunicado, el Senado recordó que en esta jornada se designarán cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); además de 10 magistradas y cinco magistrados para las Salas Regionales del TEPJF en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca.
También se elegirán 464 magistradas y magistrados de Circuito y 386 juezas y jueces de distrito.
La convocatoria, emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, permite a los aspirantes registrarse hasta el 24 de noviembre, tanto en el portal digital habilitado por el Congreso como en la oficialía de partes de cualquiera de las cámaras.
Esta elección surge tras la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual cuenta con el respaldo de la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum. Según el Gobierno, esta reforma busca que los ciudadanos elijan a los jueces, lo cual considera constitucional y legítimo debido a su aprobación por una mayoría en el Congreso.
Sin embargo, sectores del Poder Judicial critican la medida, calificándola como una intervención directa del Ejecutivo en la autonomía judicial. Además, señalan que el partido oficialista Morena podría impulsar a sus propios candidatos en las elecciones de jueces y magistrados, lo que ha generado preocupación sobre la independencia de los próximos funcionarios judiciales y el futuro de la impartición de justicia en el país.
