++ Desde el Congreso del Estado luchará para fortalecer la defensoría pública con más personal y procesos que garanticen una defensa legal implacable y eficiente.
En los recorridos que Himelda Meraz Sánchez, candidata de Movimiento Ciudadano a diputada local por el distrito 2 ha realizado, una de las solicitudes más frecuentes por parte de la población es la gestión con servicios de abogadas o abogados que brinden un acompañamiento en los procesos legales, en su mayoría, del orden familiar o penal, dado que el servicio de defensoría pública pudiera estar rebasado.
“El acceso a la justicia se reconoce como un derecho fundamental establecido en la Constitución Política; en el ámbito estatal contamos con una Defensoría Pública que tiene el propósito de prestar servicios legales gratuitos a personas con vulnerabilidad económica; sin embargo, en los recorridos las personas nos han dicho lo complicado que es acceder a la justicia porque faltan abogados”, comentó.
La candidata afirmó que esta es una solicitud frecuente para la atención de los temas que van relacionados con la familia como: divorcios, custodia de los hijos, pensiones alimenticias o demanda por incumplimiento de contratos.
“Pero más allá, hay personas que han sido víctimas de algún delito y que desisten de denunciar porque no saben con quien recurrir o, bien, no tienen para pagar un abogado por la vía particular”.
Anticipó que como diputada someterá a una revisión la actual Ley del Instituto de la Defensoría Pública, con la finalidad de fortalecerla y valorar, hasta que punto, se da cumplimiento con ella para gestionar presupuesto que haga posible que existan más defensores que atiendan la cantidad de demandas que existen.
Himelda Meraz reconoció la importancia que tienen las y los defensores públicos, que hacen su mayor esfuerzo pero que no son suficientes para poder brindar respuesta a la población que, en muchos casos, desconoce que tiene derecho a solicitar un abogado porque no se ha difundido, dejando de lado la importancia de que la población se sienta protegida o respaldada por las instituciones.
“Se qué nos es falta de voluntad de los funcionarios públicos, sino falta de recursos para cumplir sus funciones”, dijo tras explicar que lo que se busca que esto deje de afectar a la impartición de justicia como se lo ha hecho saber la población. “Queremos que la ley no sea letra muerta, es lo que haremos desde el Congreso del Estado”, concluyó.
