Durante la Sesión Ordinaria realizada este martes, las y los diputados de la Sexagésima Legislatura aprobaron “un atento y respetuoso exhorto a las y los Magistrados que integran el Respetable Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en particular a su Presidente, el Magistrado Jean Claude Tron Petit y al Magistrado Ricardo Vara Gallardo, en cuya ponencia se encuentra radicado, para su estudio y resolución, el Recurso de Revisión identificado con el número de expediente 504/2022, con el único fin de que cuenten con todos los elementos, al resolver las controversia que se está desahogando en este Respetable Órgano Jurisdiccional Federal, referente a la importación de manera masiva del herbicida cuestionado por sus probables daños a la salud humana y al ambiente, denominado glifosato”.
En este Acuerdo aprobado, presentado en tribuna por el diputado Alfredo Álvarez Ramírez, se menciona que el exhorto anteriormente descrito se da “en el marco del Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en pleno respeto a sus funciones jurisdiccionales, consideren el bienestar común sobre los intereses de las transnacionales y observen los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
En su exposición de motivos, el documento refiere que, “como es de conocimiento público, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias. Este decreto tiene como objetivo principal sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo en nuestro país. La meta es reemplazarlos por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y sean seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
Abunda que “en el mismo sentido, el 13 de febrero del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro Decreto que establece diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Ambos instrumentos buscan la sustitución gradual del glifosato, conocido popularmente como “matatodo”. Sin embargo, este enfoque ha enfrentado una fuerte oposición por parte del sector agroempresarial y los oligopolios transnacionales que controlan cerca del 70% del mercado de agroinsumos (semillas, plaguicidas y fertilizantes químicos), a nivel mundial, ya que afecta sus intereses particulares y el lucro que hacen a costa de la salud, el ambiente y los derechos colectivos de millones de personas”.
Finalmente, se subraya que Cofepris, Conahcyt, Semarnat, la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) están trabajando incansablemente para promover prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. No obstante, enfrentan la oposición y resistencia de los grandes agroempresarios. Con el objetivo de salvaguardar la salud, promover un medio ambiente sano y garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria, el gobierno federal está obligado a desarrollar y escalar acciones para sustituir gradualmente el uso del glifosato en territorio nacional. El plazo establecido para la sustitución del glifosato vence el 31 de marzo del próximo año”.
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