El diputado local por Tecomán, Rigoberto García Negrete presentó una iniciativa ante Oficialía de Partes del Congreso del estado, en el transcurso de la sesión ordinaria celebrada el miércoles en el recinto legislativo.
García Negrete, integrante de la sexagésima legislatura hizo uso de la voz para informar que su propuesta es respaldada por el Grupo Parlamentario del PRI, hemos presentado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en la que se adicionan disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, así como de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
Agregó el legislador tecomense, la esencia de esta iniciativa, es mitigar o aligerar un poco la carga de trabajo que hay en los tribunales locales en el dictado de las sentencias o resoluciones finales, pues es un hecho conocido, concretamente, en los Juzgados de Primera Instancia y en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, que tales instancias cuentan con altas cargas de trabajo que no solo hacen que la tramitación de los juicios sean lentos, sino que también, las sentencias definitivas y en su caso, los laudos, también tarden en ser dictados dado que hacen las transcripciones de los hechos y de la contestación de demanda.
De esta forma, añadió Rigo García, se propone adicionar en las legislaciones de referencia que de forma opcional, entre los requisitos que se necesitan para la presentación de demandas o en sus contestaciones, los justiciables proporcionen de forma digital o electrónica, sus respectivos escritos con el ánimo de que los juzgadores, no tarden en dictar sus resoluciones por hacer la transcripción de los hechos de la demanda o de las manifestaciones de contestación, pues de esta manera, pueden llevar a cabo la copia de las redacciones y en forma más agilizada solo hagan los razonamientos de la determinación que habrán de pronunciar.
Ya para finalizar, dijo, esperemos que esta iniciativa tenga resultados positivos, pues consideramos que con ello, cumplimos el mandato constitucional de que el acceso a la justicia, entendida esta como un derecho humano, sea pronta y expedita.