• La periodista había denunciado la serie de asesinatos de candidatos a puestos de elección popular
• Basilio Camerino Picazo, entonces candidato a diputado estatal de Veracruz, amenazó con secuestrar y matar a Ferral Hernández
• La autoridades le habían otorgado protección que le retiraron con la espuria explicación de que la comunicadora no había cumplido con los protocolos
• Su muerte en un hospital de Poza Rica, por la noche, después de haber sido agredida a balazos por dos sicarios, fue desmentida en un principio por el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García
• El gremio organizado se une a la exigencia de justicia de sus familiares, colegas y organismos de protección a los periodistas.
La periodista veracruzana María Elena Ferral Hernández de 50 años de edad, reportera del Diario de Xalapa, el Heraldo de Poza Rica y del portal Veracruz Quinto Poder, fue agredida a tiros en céntrica calle de Papantla, Veracruz, el 20 de marzo de 2020, al menos por dos sicarios que viajaban en una motocicleta
Aún con vida fue trasladada al Hospital civil de la ciudad, luego de haber luchado por su vida durante casi siete horas, falleció.
María Ferral con 30 años de experiencia periodística, se dirigía a su vehículo de color rojo y con el logotipo de su portal, cuando dispararon contra ella en diversas ocasiones. Según las transmisiones en vivo, se encontraron al menos cinco casquillos en el lugar, mientras que colegas de la reportera comentaron que habría recibido al menos tres impactos en el cuerpo.
El 12 de marzo anterior, hizo circular una columna llamada “Polaca Totonaca” en la que hacía un resumen de los asesinatos contra políticos de la región y destacaba la causa penal 116/2205 por el asesinato de Miguel Alfonso Vázquez, síndico del municipio de Coyutla, contra Camerino Basilio Picazo Pérez, exalcalde (2001-2004) de dicho municipio y exdiputado local por el PRI, que en 2017 se pasaría a la bancada del PAN. Vázquez había denunciado a Basilio en el Congreso del Estado por presunto desvío de recursos, pero poco menos de dos semanas de ratificar su denuncia, fue asesinado.
De acuerdo con una nota digital de Proceso, en 2016, cuando Basilio era candidato del PRI a la diputación local por el distrito VI de Papantla habría amenazado a María Elena Ferral con hacerle daño y, según la periodista, le dijo que ya la había “dejado vivir mucho tiempo”.
Por otra parte, la periodista también denunció en agosto de 2018, junto con un grupo de reporteros de Poza Rica y Papantla, haber sido blanco de ataques con cuentas falsas de Facebook después de haber hecho críticas al Ayuntamiento de Poza Rica (2018-2021).
El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, escribió en Twitter: “Lamento mucho que en estos momentos que estamos tratando de salvarle la vida a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus colegas ya la hayan dado por muerta en sus “noticias”. ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de tener la oportunidad de golpear a un gobierno?”
Esto también provocó que los periodistas le contestaran al ejecutivo estatal para aclararle que las malas condiciones de infraestructura del Hospital de Papantla disminuían las posibilidad de salvarle la vida a María Elena y, en cambio, le pidieron compartir la solicitud de donación de sangre.
Sin embargo, por la noche se confirmó el deceso de la reportera veracruzana. Ante este panorama, reporteros miembros de la Red Veracruzana de Periodistas se pronunciaron por esta nueva agresión contra una comunicadora en Veracruz, estado que suma 25 periodistas asesinados entre 2010 y 2021, además de una gran cantidad de agresiones y amenazas.
El Committee to Protect Journalists, en su momento, declaró que las autoridades mexicanas deben realizar una investigación pronta y confiable sobre el asesinato de la periodista María Elena Ferral, esclarecer si estuvo relacionado con su trabajo y enjuiciar a los responsables del crimen.
Nuevamente se comprueba que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo.
En lo que va del 2020 se han cometido 7 asesinatos: 7 periodistas.
En lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López suman 42 asesinatos: 35 periodistas, 2 locutores, 2 trabajadores de prensa, 1 familiar y 2 escoltas.
De 2000 a la fecha, han ocurrido 279 asesinatos: 238 periodistas; 4 locutores: 12 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.
En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 345 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 300 periodistas; 4 locutores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.
Además 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración
Nuestro concentrado es terrible y lamentable por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que los criminales, enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la justicia.
Como se puede comprobar, como ya dijimos, la lista lúgubre aumenta exponencialmente.
El Gremio Organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; su brazo académico, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, reitera en forma enérgica su demanda a las más altas autoridades del país para que terminen con esta vergonzosa impunidad en cuanto a los atentados a los informadores, y cumplan con las medidas cautelares para protegerlos, como lo ordenan las leyes correspondientes.
Redobla su reclamo de justicia y de que se implementen los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos, inclusive directos, para amedrentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito permanente.
Reiteramos nuestro llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, a los gobernadores de las entidades federativas, y a los congresos locales, para que atiendan a la brevedad la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y expresión en nuestro México.