El presidente López Obrador continúa denostando a los órganos autónomos, tanto a los electorales como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hace porque no se someten a sus deseos y no se someten no porque estén en su contra, sino porque lo que AMLO pretende se le ocurre o considera que le beneficia, suele ser contrario a la ley y entonces, los órganos autónomos, que forman parte de la estructura constitucional, defienden la ley en contra de la opinión de AMLO.
Este fin de semana visitó la Laguna, la zona agrícola de los estados de Durango y Coahuila, para dar a conocer el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que desarrolla la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo propósito es abastecer de agua potable a nueve municipios de la Comarca Lagunera, cinco de Coahuila y cuatro de Durango.
El pasado 8 de agosto, el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, dictaminó la suspensión definitiva del proyecto y eso molestó mucho al presidente y advirtió que, si no se retiran los amparos, no habrá obra: “Si ya empezaron los amparos, entonces no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido. Hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”.
“Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría, no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones pero no”.
Este tema lo irritó, pero ya estaba molestó desde el fin de semana por la resolución del Tribunal Electoral Federal, que determinó quitar a Morena tres diputados federales para asignárselos al Partido Acción Nacional, volviendo a expresar que el Tribunal Electoral debe desaparecer, pues AMLO no les tiene confianza y “además son unos falsarios”, hay mucha hipocresía entre los magistrados del Tribunal Electoral”.
El presidente interino, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ha reiterado la independencia y autonomía del Tribunal Electoral y ha hecho poco caso a los insultos de AMLO.
Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no confía en el Tribunal Electoral y que tiene pruebas de que los magistrados han actuado sin rectitud, el magistrado presidente se limitó a decir que el titular del Ejecutivo federal tiene el derecho a pronunciarse sobre las sentencias.
Sin embargo, en entrevista radiofónica puntualizó que ninguno de los miembros del TEPJF se doblegará ante las injerencias externas.
“Ni a mí ni a ninguno de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos doblega ninguna injerencia ni ninguna presión externa. Creo que el señor presidente de la República tiene el derecho a pronunciarse sobre cualquier sentencia como cualquier ciudadano”.
Los magistrados electorales actuarán con la independencia y autonomía que caracteriza a los órganos del Poder Judicial de la Federación, concluyó.
La revocación de mandato.
El presidente también ha regañado a diputados y senadores de Morena, porque no han aprobado en las respectivas cámaras la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Así lo dijo: El congreso actúa con malas intenciones al no aprobar las leyes reglamentarias de la consulta de revocación de mandato y para eliminar por completo las restricciones para enjuiciar a presidentes”.
Lo que le hace presumir que hubo “mano negra” con el fin de impedir que se puedan aplicar durante la actual administración.
“Y esto es con malas intenciones, deliberado. Hago un llamado respetuoso a los legisladores para que resuelvan, a todos, y que se convoque, porque ya ha pasado bastante tiempo para que se aprueben las dos leyes que están ahí desde hace tiempo, la ley reglamentaria para la revocación de mandato.
Los legisladores dejaron pasar el tiempo para no aprobarlas. “Tiene que ver con el miedo a la democracia, no son demócratas”.
Eso ha motivado que el senador Monreal y los legisladores de Morena intenten un periodo extraordinario para atender el reclamo del presidente AMLO; sin embargo, Morena no tiene mayoría calificada en la comisión permanente para aprobar el periodo extraordinario y además, la oposición ha insistido en no legislar al vapor y sugirió esperar a septiembre para que la nueva legislatura analice con calma y apruebe la ley reglamentaria de la revocación de mandato.
La figura de revocación de mandato fue establecida por primera vez en el año 2017 en la Constitución de la Ciudad de México. Posteriormente, se incluyó en la Constitución federal el 20 de diciembre de 2019. Su finalidad es que los ciudadanos decidan sobre la permanencia o no de un gobernante, a partir de la pérdida de la confianza.
En la reforma al artículo 35 de la Constitución federal, se estableció que este ejercicio democrático podrá ser solicitado únicamente por los ciudadanos, en los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del titular del Ejecutivo federal. La petición deberá ser realizada por el equivalente al 3% del listado nominal de electores, es decir, más de 3 millones de firmas, correspondientes al 3% del listado nominal de al menos 17 entidades federativas. Será organizada y difundida por el INE y tendrá un efecto vinculante sólo si participa el 40% de los electores inscritos en la lista nominal.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, reiteró que no debe haber apresuramiento, pues hay tiempo para aprobar la ley reglamentaria y el INE, dijo, es el responsable de llevar a cabo la consulta para la revocación y para el caso del periodo 2018-2024, la Constitución señala en un artículo transitorio que la solicitud de firmas debe iniciar en noviembre y concluir el 15 de diciembre.
La petición correspondiente, agregó, deberá presentarse hasta el 15 de diciembre y el INE emitirá la convocatoria en los 20 días siguientes, a más tardar el 4 de enero. La jornada de la votación será a los 60 días de expedida la convocatoria, es decir, el sábado 5 de marzo de 2022, precisó.
“Esa es la fecha que da la Constitución, no otra”, remarcó Sauri. Hay muchos cuestionamientos sobre la revocación de mandato, el primero es la fecha, AMLO ya anunció que deberá ser el 21 de marzo, porque esa fecha se le acomoda, pero no será así.
Otro tema es el de la retroactividad de la ley, en virtud de que el presidente AMLO, fue electo presidente por 6 años el 1° de julio de 2018 y la aprobación legal de la figura de revocación de mandato fue aprobada en diciembre de 2019 y conforme a lo establecido en la Constitución en el sentido que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo, la revocación no debería aplicar para el actual presidente, pues fue electo por 6 años.
Además de aplicarse de manera retroactiva la figura de la revocación, se estaría violentando la voluntad de 30 millones de ciudadanos mexicanos que eligieron a AMLO como presidente para un periodo de 6 años.
Otro tema en la polémica es la pregunta que debe de ir en la boleta para la consulta ciudadana, ese asunto lo comentaremos en la próxima publicación.
Con información de: https://apropositofmp.wordpress.com/2021/08/17/obras-o-amparo/