- JIPS tiene derecho de enviar las iniciativas de financiamiento que él considere, pero comprometen las finanzas de las próximas administraciones estatales, señaló.
- Los legisladores son libres al votar, sin embargo, es su gran responsabilidad hacer todos los análisis sobre la conveniencia o no de autorizar un endeudamiento, dijo.
La diputada federal Claudia Yáñez Centeno reiteró su preocupación por la contratación de nueva deuda por $750 millones de pesos que está solicitando el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y subrayó que, “hemos señalado la necesidad de que la administración estatal de Colima aplique mayor disciplina en los gastos y sólo se hagan las erogaciones necesarias para la operación y así tener un gobierno no sólo austero, sino principalmente honesto”.
Apuntó que el Gobernador está en su derecho legal de enviar las iniciativas de financiamiento para inversiones públicas productivas que él considere convenientes; sin embargo, enviarlas también constituye un acto de gran responsabilidad o irresponsabilidad en cuanto a comprometer las finanzas públicas de las próximas administraciones estatales.
El propio gobernador está cayendo en lo que tanto ha criticado de anteriores administraciones, que según dice, le dejaron una pesada deuda que debió refinanciar a largo plazo. Así él, ahora estaría replicando la actuación que tanto critica y también estaría hipotecando el futuro económico-financiero de los colimenses, remarcó la legisladora.
Consideró enseguida que el endeudamiento constituye un acto de gran relevancia, ya que a pesar que Colima se encuentra en semáforo verde ante la SHCP, esto no significa que el Ejecutivo Estatal no deba considerar el dejar capacidad de contratación de endeudamiento suficiente para las próximas administraciones estatales, para evitar casos tan complicados financieramente como el de Coahuila, Veracruz, entre otros muchos más, por agotar y sobre endeudar las finanzas públicas locales.
También se debe prever que Colima tenga margen financiero en caso de que se llegue a presentar un desastre como el Sismo del 2003 o bien el Huracán Jova que afectó a la entidad en el 2011, que orilló al entonces gobernador a contraer una deuda de más de 1,180 millones de pesos.
En ese sentido, estableció Claudia Yáñez que en el Congreso del Estado de Colima los legisladores, particularmente los diputados de Morena, son libres en su forma de actuar y en la manera en que vayan a votar, sus facultades constitucionales les permiten aprobar o rechazar propuestas del ejecutivo, sin embargo, es su gran responsabilidad hacer todos los análisis jurídicos, financieros y de mercado para determinar la conveniencia o no de autorizar un endeudamiento por $750 millones de pesos.
Lo anterior ocurre, añadió, ante un escenario sanitario, financiero y económico tan incierto que hoy se vive a nivel mundial, y el mejor juez de todo esto es el pueblo de Colima, quien hará sus juicios de valor si se trató de una aprobación que constituye lo más conveniente en este momento para nuestro Estado de Colima.
Recordó la legisladora federal que la actual administración estatal ha contratado dos créditos bancarios de largo plazo por un monto total de $1,048 millones y en caso de autorizar este nuevo endeudamiento, la contratación en este sexenio habrá sido de $1,798 millones de pesos.
Mencionó también que en la anterior administración estatal se contrataron créditos de largo plazo por $2,000 millones de pesos. De ser así, en los últimos doce años los gobiernos priístas habrán comprometido las finanzas de los colimenses con $3,798 millones de pesos, lo que representa más de 3.5 veces el presupuesto de ingresos del Puerto de Manzanillo anualmente.
Explicó enseguida que el gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es sensible y responsable con las finanzas públicas nacionales y de las entidades federativas, y ha dado instrucciones a la SHCP para a través de la potenciación del Fondo de Entidades Federativas (FEIEF), se garantice a todos los gobiernos estatales y municipales de forma proporcional y equitativa los ingresos federales transferibles (Ramo 28.- Participaciones federales) que estos reciben para el segundo semestre de 2020, así como para el primer semestre del 2021, en cuando menos garantizar hasta el 75% de sus participaciones.
No omitió señalar que en septiembre de este año inicia el calendario electoral, mientras que en el 2021, es año electoral y en Colima se renovarán a diputados federales y locales, alcaldías y sus ayuntamientos; “desviar ese recurso para intervenir financieramente en el proceso electoral constituye un delito sumamente grave, además de un atentado contra la democracia colimense. Situación que nuestros órganos electorales y el gobierno federal bajo ninguna circunstancia lo van a permitir por su gravedad que ello significa”, remarcó.
Transparencia obligatoria
Dijo además que hoy en día, cualquier endeudamiento que se solicite, se autorice y se contrate, debe ser absolutamente transparente. No debe ser permisible que un endeudamiento se autorice en montos por sector de infraestructura, llámese para infraestructura y equipamiento en seguridad pública y/o C5, infraestructura y equipamiento en salud o infraestructura en cultura, “son términos que nos dicen mucho, pero a su vez no nos dicen nada”.
Puntualizó, que por lo tanto, es de exigirse en caso que los diputados del H. Congreso de Colima lo aprueben, el destino del crédito debe estar debidamente detallado en qué cosas de manera muy específica se va invertir, que tipo de infraestructura, cuánto vale, las características de los proyectos y presupuestos de obra, que en el decreto en caso de aprobarse quede debidamente relacionado cada tipo de equipo, cantidades y presupuestos, esto permite darle transparencia al destino del crédito para fiscalizarlo y evita desviaciones.
Finalmente afirmó que hoy por hoy no existe ninguna obra pública ejecutada por el gobierno del estado de Colima que los colimenses se sientan satisfechos porque haya mejorado su calidad de vida, muchas acciones de las obras
de infraestructura pública por no decir la totalidad están incompletas, mal hechas, cuestionadas por los colimenses pero además casi todas hechas o contratadas con empresas y proveedores que no son de Colima. es necesario, para dinamizar la economía en el estado, que las empresas y los proveedores sean colimenses.