• Urgen respuestas de la Fiscalía General de la República y que trabajen en conjunto con el gobierno estatal para brindar a la sociedad una explicación de los hechos.
• Es importante el trabajo organizado y coordinado de las autoridades de los tres niveles, señala la legisladora federal de Morena.
• Si el dip. local Rogelio Rueda gestionó ante la SSP el personal policiaco para escoltar a los empresarios (con éstos iba el papá y el hermano), se solicitará a las autoridades esta línea de investigación y si es así, se pediría la separación del cargo de diputado.
La diputada federal Claudia Yáñez Centeno presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga las investigaciones sobre los siete policías estatales que fueron asesinados en el estado de Colima, y que esa dependencia coordine sus acciones con las autoridades del gobierno estatal, con la Fiscalía General de la entidad y demás instituciones involucradas en la materia.
Ante la creciente ola de homicidios violentos en Colima, a la que se suma el artero asesinato del Juez Federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, el 16 de junio, la legisladora de Morena subrayó que es importante el trabajo organizado y coordinado de las autoridades de los tres niveles, y si para ello se requiere presupuesto adicional, que se concerte con la instancia que corresponda.
“Si no hay voluntad, compromiso y responsabilidad para hacerle frente a la inseguridad, no se tendrán buenos resultados”, sentenció, tras destacar que en Colima siendo el segundo estado más pequeño de la federación, se pueden implementar programas pilotos, incluidos programas de prevención del delito, que de resultar exitosos se pueden aplicar en todos los estados.
Señaló en el punto de Acuerdo presentado, que ”los diputados del H. Congreso de la Unión expresamos nuestro absoluto repudio por los hechos ocurridos en contra de los policías, que en el ejercicio de sus funciones fueron levantados, torturados y asesinados; asimismo condenamos toda forma violenta y apartada de la ley y exigimos a las autoridades estatales y federales en el ámbito de su competencia el esclarecimiento absoluto de los hechos”.
Al subrayar la enérgica exigencia del esclarecimiento de los homicidios, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena agregó: “demandamos como sociedad mexicana y colimense, que sean las leyes y las instituciones mexicanas las que prevalezcan y castiguen
enérgicamente a quienes perpetraron estos lamentables hechos en contra de los policías estatales de Colima”.
Es urgente, reiteró, que el Estado mexicano, a través de la Fiscalía General de la República y de las dependencias federales (SSPC, SEMAR, SEDENA, GN, entre otras), den respuestas ante estos acontecimientos, y que trabajen en conjunto con el gobierno estatal para brindarnos a la sociedad una pronta explicación sobre los hechos ocurridos en el asesinato de los siete policías y de la liberación de las tres mujeres policías y dos civiles involucrados en los hechos.
Comentó, por separado, en entrevista, que existe información de que el diputado local Rogelio Rueda gestionó ante la Secretaría de la SSP el personal policiaco para que escoltaran a los empresarios, con éstos iba el papá Rogelio Rueda Preciado y el hermano Salvador Rueda Sánchez; se solicitará a las autoridades esta línea de investigación, para saber, primero, ¿qué negocios oscuros andan haciendo que necesitan protección? Y segundo, esto sería tráfico de influencias y si es así, se pedirá su separación del cargo de diputado.
Y a todo lo anterior se suma el artero asesinato, en su propia casa, del Juez Federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas; una muestra más del inaceptable clima de violencia que se vive en la entidad.
Recordó Claudia Yáñez lo que se ha venido publicando en años recientes: que Colima tiene un contexto de violencia complicado por las aduanas del Puerto de Manzanillo, ya que coyunturalmente es la puerta de entrada y salida de mercancías para el trasiego de drogas, tráfico ilícito de minerales, entre otras actividades; así como el recrudecimiento de una guerra por el control del Puerto entre los cárteles de Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
La unión de esfuerzos entre la federación y el estado en este tema se justifica, porque es bien sabido que en los últimos años se han reportado múltiples sucesos relacionados con la violencia a policías y elementos de seguridad en las entidades federativas del país, y en especial en Colima, lo que pone al Estado en una frágil civilidad política para resolver y esclarecer los hechos, concluyó