*El congreso, organizado por la Universidad del País Vasco, en España, se realizó de manera virtual del 27 al 29 de este mes, desarrollando 15 grandes líneas temáticas.
Las y los profesores investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, Enoc Francisco Morán Torres, Arianna Sánchez Espinosa y Jessica Cristina Romero Michel, así como la estudiante Andrea Yaratzet Ulloa Jaime, participaron como conferencistas en el V Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo, Desafíos al desarrollo: Procesos de cambio hacía la justicia global, que se realizó de manera virtual, durante tres días, mediante la plataforma Jitsi meet.
Este congreso es una iniciativa de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), organizado por el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, en España. Originalmente se tenía pensado realizarlo de manera presencia, pero debido a la contingencia sanitaria se tomó la decisión de realizarlo de manera virtual en las fechas ya establecidas, del 27 al 29 de este mes de mayo.
El congreso propuso 15 líneas temáticas con sesiones en las que se promovieron debates sobre transiciones hacia otros modelos, las alternativas de organización de la economía, y la solidaridad/cooperación como paradigma para la acción colectiva política y social, en respuesta al paradigma centrado en la competencia.
Loa académicos de la UdeC compartieron sus avances de investigación en tres de las 15 líneas temáticas: Iniciativas de reducción de la vulnerabilidad y promoción de los derechos, Sociedad civil, acción colectiva y desarrollo y Economía social y solidaria.
Enoc Morán, también director de la Facultad de Derecho, presentó los avances del proyecto “La constitucionalización de la sociedad civil en México como sustento de derechos de tercera generación”. Se trata, dijo, de un estudio crítico que permita analizar la llamada sociedad civil de manera que arroje prospectivas de desarrollo y su influencia en la toma de decisiones de política pública.
Con esta investigación, comentó el Dr. Morán Torres, “queremos no sólo dar una definición sino conceptualizar a la sociedad civil, plantear un modelo que nos permita que ésta sea tomada en cuenta en el ámbito de las políticas públicas. El objetivo final es presentar una propuesta de reforma constitucional para que se constitucionalice lo que llamamos sustento de derecho de tercera generación en políticas públicas”.
La conferencia de la Dra. Arianna Sánchez y la estudiante Andrea Ulloa mostró avances del proyecto de investigación “La indicación geográfica como detonante del desarrollo regional en un sistema de economía social y solidaria. Caso Sal de Colima”, que tiene que ver con la propiedad intelectual, con reconocer y eventualmente proteger, mediante la figura conocida como denominación de origen, la sal marina que se produce desde hace cientos de años en la Laguna de Cuyutlán.
El objetivo de esta investigación, dijo Sánchez Espinosa, “es determinar el impacto de la figura de la indicación geográfica como detonante del desarrollo regional, al fungir como mecanismo de protección de conocimientos tradicionales que generan productos derivados con valor agregado, y posibilita la detonación de la competitividad y el desarrollo regional”.
Esto, añadió, “a partir de correlacionar la generación de dichos conocimientos con el modelo de economía social que propicia unidad, cohesión y bienestar comunitario al sector, permaneciendo como una propuesta alternativa de desarrollo sustentable basado en las prácticas de intercambio recíproco, las formas de organización cooperativa de producción, la distribución igualitaria de bienes, servicios y resultados, y la cotitularidad de los bienes de producción”.
En su caso, la Dra. Jessica Romero habló sobre “El derecho al desarrollo y los retos del estado desde la regulación económica frente a una tutela efectiva de los derechos humanos”. Este proyecto surgió, dijo, de la observación de que el desarrollo, por lo general, es estudiado sólo bajo la perspectiva económica y poco desde lo que ella llama “la visión humanista del derecho”.
En en esta visión, explicó, “el Estado, a través de su norma suprema, debe regularlo como un derecho indispensable para proteger la dignidad, los intereses de la vida, la satisfacción de las necesidades fundamentales y la tutela de una justicia que busca una sociedad menos desigual”.
Por eso esta investigadora propone, desde el funcionalismo, “que los derechos a ser, a pertenecer y acceder sean elementos que se incorporen en la regulación del desarrollo de las personas y grupos de personas que un Estado debe reconocer y tutelar”. Esto, detalló, debe darse “desde la rectoría del desarrollo como parte de los derechos fundamentales y como una obligación asumida a partir de los compromisos internacionales adquiridos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015- 2030”.
