*“Necesitamos transitar hacia un nuevo modelo de organización que supere la diatriba política y en el cual impere una adecuada coordinación entre los estados”: Manuel Vidaurri, investigador.
Una pandemia a nivel global, también reclama respuestas globales, dijo Manuel Vidaurri Aréchiga, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Salle Bajío, durante la videoconferencia “COVID-19 y ciencias penales: retos emergentes”, que llevó a cabo la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima como parte de sus actividades académicas y de actualización a distancia.
Destacó que aunque México no está atravesando por su mejor momento, existen personas que confían más en la ley y otras en la justicia; “sin embargo, el derecho de un estado constitucional, social, democrático y de derecho, no puede articularse en función de una relación amigo-enemigo, sino que requiere de una perspectiva integradora en todos los sectores sociales, en todas las áreas implicadas en esto y todos los niveles socioeconómicos. Que todos participen en la medida de sus capacidades para enfrentar convenientemente esta pandemia”.
El doctor en Derecho comentó que en algunos aspectos “la estructura federalista que tiene nuestro país está quedando superada”, por lo que consideró necesario “transitar hacia un nuevo modelo de organización que supere la diatriba política y en el cual impere una adecuada coordinación entre los estados”.
La crisis sanitaria, dijo, sentará un antes, un durante y un después; el antes, explicó, “se caracteriza por una gran desigualdad social, por altos niveles de desconfianza social alimentados por ciertas perspectivas políticas que no han contribuido a consolidar una nación de visión, unida y fortalecida para enfrentar los retos que tenemos. El durante es una serie de mensajes de la autoridad que no parecen convencer, en lo que hasta cierto punto parece comprensible al enfrentar una situación compleja, inédita, cuando vemos una progresión de personas enfermas y fallecidas”.
¿Qué nos espera después?, añadió, “una severa crisis económica y una situación compleja en términos de seguridad. Lo dicen los demás analistas, lo que viene no es fácil de enfrentar”.
Finalmente, reiteró que esta problemática traerá para el derecho “la necesidad de planearse si no es conveniente contar con un código penal nacional que le ponga cara a este tipo de problemas, que permita establecer una política criminal integral para todo el país, que permita a las autoridades establecer líneas firmes de acción en relación con esto, y que todos, médicos, personal policiaco, escuelas, etc., tengan claridad de las medidas que se deben de tomar”.