Otro conflicto.
La Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva normatividad que limita la participación del sector privado en energías renovables, con el pretexto de la confiabilidad del suministro de energía eléctrica y que, durante la pandemia, se garantice la prestación del servicio y asestó un golpe seco a la reforma eléctrica.
Esta decisión frena todos los proyectos de inversiones privadas en generación de electricidad, que están en proceso y que estaban realizando pruebas de preoperatividad; con ello se privilegiará a las centrales de combustibles fósiles y también se frena la posibilidad de generar energía a menor precio.
Esta medida tendrá un fuerte impacto en el costo de la energía, en los sectores industrial y residencial y afectará también a las finanzas públicas.
Así, de un plumazo, se ponen en riesgo inversiones extranjeras por cerca de 30 mil millones de dólares, de los cuales, 6,400 millones de dólares son de inversiones europeas y 400 millones de dólares en inversiones canadienses, en proyectos ya comprometidos para realizarse a los que se agregan los que están ya en marcha y podría generar una pérdida de 78 mil empleos.
La reacción Internacional
Las primeras reacciones de los inversionistas extranjeros fueron de Canadá y de la Unión Europea, 19 embajadores de la Unión Europea y el embajador de Canadá, protestaron las medidas.
El embajador canadiense en México, dirigió una carta a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y en ella expresa que se pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en México.
Las Cámaras Europeas de Comercio e Industria, enviaron una misiva a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, en donde le advierten que los cambios en materia energética frenan el interés en favor de México, merman la confianza por falta de seguridad jurídica e impedirán el arribo de inversiones en éste y otros sectores.
“La confianza en México de un creciente número de inversionistas europeos se ha visto mermada por la falta de seguridad jurídica”, dice la carta que firman las cámaras alemana, española, francesa, italiana y nórdica.
Se le dijo también que en la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y el Acuerdo entre México y la Asociación Europea del Libre Comercio, se acordó abrirse a nuevas inversiones y a crear empleos, y esta decisión de la Secretaría de Energía “frena el interés en favor del país e impide la llegada de futuras inversiones”.
Las Cámaras aseguraron que representan más de 18 mil empresas, equivalentes a 26% del total de firmas extranjeras registradas, con más de 160 mil millones de dólares, es decir, 29% de la inversión extranjera en México.
La reacción de los empresarios mexicanos
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó en comunicado, que esta postura hará que la electricidad sea más cara y contaminante y advirtió: “No nos dejemos engañar: el objetivo último de esta política es desplazar la generación de los privados, que es más barata y eficiente, con energía sucia de las centrales de la CFE que funcionan con combustóleo. Las consecuencias serán una energía más cara, que contaminará más, y que requerirá de mayores recursos públicos para subsidiar tarifas o elevar tarifas cuando no haya recursos para subsidiarlas”.
Las Cámaras Empresariales advirtieron también que no únicamente se ahuyentarán las inversiones, sino que provocarán litigios internacionales por parte de los inversionistas, porque las empresas canadienses y las estadunidenses usarán los recursos establecidos en el tratado de libre comercio para inconformarse y afectará, en última instancia, su firma.
Esta decisión llevó a ocho gobernadores a integrar un bloque para oponerse, mediante medidas políticas y legales, a esta decisión que afecta a las inversiones en sus estados y a los empleos generados, porque esta limitación a la inversión privada en energías renovables y más baratas, dejan en el limbo 10 proyectos que estaban por arrancar o en proceso de construcción en el noreste del país, por al menos 2 mil 12 millones de dólares.
De los 10 proyectos afectados en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, siete estaban en pruebas o por iniciarlas y tres en proceso deconstrucción, según revelan datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica. En Nuevo León, representaban inversiones por 414 millones de dólares.
Varias empresas recurrieron al amparo de la justicia federal y juez especializado en temas de competencia económica freno el acuerdo del Centro Nacional del Control de Energía y otorgó 17 suspensiones en favor de las empresas, por considerar que es un retroceso en la transición energética del país.
Además, el acuerdo viola derechos de libre competencia económica y acceso a la salud y medio ambiente sano.
La reacción del gobierno
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno no busca estatizar la industria eléctrica, sino poner orden: “No es estatismo. Yo recuerdo dos acciones importantes para reencauzar la vida pública de México a partir de poner por delante el interés del pueblo y la Nación, la expropiación petrolera en 1938 porque las compañías petroleras se sentían dueñas de México”.
“La otra decisión importante fue la que tomó Adolfo López Mateos en 1960 para nacionalizar la industria eléctrica porque lo mismo, porque había que electrificar al país y las empresas particulares sólo veían el negocio, no vamos a llegar hasta allá, no es eso. Aquí se trata de poner orden y acabar con la corrupción, yo hice el compromiso de que no íbamos a modificar las reformas estructurales, la reforma energética, y lo voy a cumplir, pero estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz”.
O sea, que el argumento primario de que era para garantizar el suministro de la energía eléctrica durante la pandemia y que no hubiera apagones, no era la causa del acuerdo si no el pretexto, así lo reconoce el propio presidente AMLO al afirmar que desde hace tiempo quería poner orden para quitarle la prioridad en la compra de energía barata a las empresas privadas, para darle prioridad a la compra de la energía producida por la CFE.
La energía generada por la CFE es contaminante, porque proviene del carbón y el petróleo y es siete veces más cara que la que se le paga a la iniciativa privada en sus plantas de energías renovables.
Además, el gobierno federal tiene el problema de qué hacer con el combustóleo que produce PEMEX, que es de mala calidad y muy contaminante y las normas internacionales prohíben ya incluso, que los barcos en la industria marítima internacional utilicen combustóleo con alto contenido de azufre.
Cabe destacar que, con el uso del combustible y el carbón en la generación de energía eléctrica, se va en contra de los compromisos asumidos por México en los acuerdos de Paris.
Para muchos está claro: AMLO busca retomar el monopolio del Estado sobre la electricidad y acabar con la reforma energética que impulsa la transición a energías limpias y además, reitera la confrontación del gobierno federal con los empresarios nacionales y extranjeros.
Esta decisión le saldrá muy costosa a México, como lo fue la del aeropuerto de Texcoco, la de los gasoductos, la cancelación de la planta cervecera en Mexicali y la negativa a no otorgar apoyos fiscales a las empresas para empresas, para preservar el empleo y la planta productiva.
A los empresarios les ha quedado ya muy claro quien manda en este país, pues lo ha reiterado permanentemente, con decisiones que afectan la economía, las inversiones y el empleo; todo esto nos costará muy caro y agravará la crisis que padecemos.
A propósito
1.- El presidente ya reconoció que a finales de mayo habremos perdido un millón de empleos.
2.- El INEGI dio a conocer que, en el primer año de gobierno de AMLO, los actos de corrupción se incrementaron en 7.5%.
3.- Va a toda marcha la revolución que logrará la igualdad en México, como la cubana y la bolivariana, que lograron sociedades igualitarias: todos igual de pobres.
4.- Lo que se debe hacer es igualar hacia arriba, no hacia abajo, pero igualar hacia abajo es más fácil; difícil es igualar hacia arriba, es decir, sacar a los pobres de la pobreza.