La diputada Claudia Yáñez Centeno reprobó la creciente ola de violencia contra la mujer, que viene a agravar la situación ya difícil por la contingencia ambiental provocada por el COVID-19 y otros factores sociales que no permiten alcanzar la paz y a veces nos exhibe como un conglomerado social carente de los principios básicos de educación, civilidad, convivencia y respeto a los derechos de la familia y de los demás.
En el caso de la mujer es particularmente grave –dijo-, si se trata de algún tipo de violencia ejercida por su pareja; constituye un inaceptable atropello en el seno familiar a uno de los derechos humanos más sagrados que es la salvaguarda de la integridad física, y que muchas veces no se denuncia por la creencia de que son tortuosas las gestiones para documentar los agravios o lesiones ante las autoridades correspondientes.
En referencia a los recientes hechos suscitados en el estado, la legisladora federal por Colima remarcó que “es inadmisible que personas con cargos públicos sean protagonistas de este tipo de hechos irracionales y esperamos se aplique todo el rigor de la ley”.
Reconoció el esfuerzo de prevención, atención y protección a las afectadas por parte del Instituto Colimense de las Mujeres, pero evidentemente no ha bastado ante los constantes reportes que se tienen que atender y se requiere una participación más activa de la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias del Gobierno del Estado, para que se atiendan puntualmente todas las llamadas telefónicas de emergencia y denuncias por violencia familiar.
Es evidente, agregó, que no han bastado a la sociedad los llamados de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para frenar actos de violencia de género que infrinjan daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada
