“Nada de afectar la economía del pueblo, se debe proteger al pueblo. Si hace falta, si llegara a hacer falta algún ajuste en el presupuesto, va a ser en austeridad, se va a apretar más el cinturón el gobierno, no el pueblo”. Andrés Manuel López Obrador.
Si mantenemos atendiendo las medidas de cuidado que nos sugieren las autoridades federales de Salud y al Dr. Hugo López-Gatell, muy pronto volveremos a salir, a lo que ahora se ha denominado la nueva normalidad. Privilegiar la vida y la salud, solidaridad, economía moral y responsabilidad compartida son los cuatro ejes que rigen esta propuesta. Todas las personas debemos contribuir. Desde lo local, los actores de la vida pública, los empresarios, productores del campo, académicos, estudiantes, trabajadores de todos los sectores y las personas tenemos cosas que hacer para recuperarnos del golpe duro que nos ha dado la pandemia.
Una primera tarea es entender que nada será como antes y tenemos el reto de reinventarnos social, económica, política y culturalmente. Habrá cosas que ya no podremos hacer y cosas que, al hacerlas, implicarán formas de relacionarnos distintas a como estábamos acostumbrados.
Los diputados tendremos que analizar y proponer nuevas leyes acordes a la nueva normalidad, además de pugnar por que se respeten los derechos de la naturaleza que ya aprobamos en nuestra Constitución local: derecho a existir, a ser protegida, a ser restaurada, a evitar su explotación, a convivir los humanos con ella sin dañarla es una prioridad.
Una de las cuestiones prioritarias es reactivar la economía, haciendo los mayores esfuerzos desde la economía del Estado para emprender medidas de austeridad y evitar recurrir a una deuda. Primero, el gobierno debe apretarse el cinturón y al mismo tiempo atender las necesidades básicas.
Las propuestas del Gobierno Federal van en torno a la reducción de gastos y a garantizar la inversión en acciones prioritarias para la salud y los entornos saludables. Priorizar lo importante implica que el gobierno estatal tome medidas económicas inmediatas y reduzca los gastos superfluos e innecesarios. La reducción de los salarios en un 25% de funcionarios de primer nivel. Como dice el Presidente, no puede haber gobierno rico en un pueblo pobre.
Garantizar que se cumpla la ley al evitar a toda costa la condonación de impuestos sobre todo a las grandes empresas, nos ayudará a tener recursos disponibles para enfrentar las nuevas relaciones humanas en la postpandemia.
Utilización transparente y adecuada de los impuestos cobrados en actividades sustantivas y prioritarias en el estado: producción de bienes y servicios, educación, fortalecimiento del sector agropecuario y el sector salud.
Se pueden vender todos los prius toyota (con un costo en el mercado de 400 mil pesos cada uno), que utilizan muchos secretarios y directores de primer nivel, prácticamente para su uso personal. Es prioritario que cada funcionario pague su propio vehículo y su propia gasolina. También, debe disminuirse la consejería jurídica del Gobierno del Estado, que gasta millones de pesos al año.
La suscripción a periódicos y revistas y los gastos de prensa son más de 22 millones. También pueden ahorrarse. Existen pagos que van desde los 250 mil hasta los 500 mil pesos a un solo periódico impreso en el estado, eso debe revisarse y evitarse. Los trazados y viáticos de viajes en la república y al extranjero le cuestan al pueblo más de 9 millones de pesos. Es un gasto que puede evitarse.
Más de 17 millones de pesos se gastan en arrendamientos. Es mejor usar los edificios vacíos que pertenecen al gobierno que pagar. Ese dinero puede ahorrarse para gastos prioritarios. Las oficinas del gobernador exceden los 2 millones y medio de pesos. En ese rubro también se puede ahorrar.
Y tratándose de edificios públicos, se podría vender la casa de gobierno, ubicada en Calzada Galván, en el centro de la ciudad, así como el inmueble utilizado como oficina de representación del gobierno, ubicada en la Ciudad de México. Es necesario también recortar gastos de manera significativa en papelería y combustible.
Está pendiente el cobro de 515 millones de pesos por la multa impuesta al ex gobernador Mario Anguiano. El gobierno del estado debe cumplir esa obligación en beneficio del erario público.
Actualmente, el Ejecutivo Estatal pretende adquirir un nuevo crédito por 776 millones de pesos, de los cuales, 500 millones serían destinados para culminar el C5; 46 millones para terminar los trabajos de remodelación del Palacio de Gobierno; 45 millones para pagar una supuesta garantía para la construcción de un nuevo libramiento; 150 millones específicamente para atender necesidades originadas por la pandemia de Covid-19 y 25 millones para la construcción de un hospital de la Marina Armada de México.
Ante ello, mantenemos nuestra posición: No vamos a aprobar una deuda innecesaria. Si acaso, lo único que se podría considerar para el análisis y la discusión de adquisición de deuda son los 25 millones para la construcción del hospital, puesto que los 150 millones para atención de la contingencia sanitaria se pueden adquirir sin necesidad de un crédito, sino con medidas de austeridad, para no comprometer el futuro de la economía popular de las y los colimenses.
Estamos a favor de que se destinen recursos al sector Salud, siempre hemos estado convencidos de ello y siempre hemos pugnado para que se priorice el tema de salud sobre todo en esta emergencia sanitaria por el Covid-19, pero debe hacerse con las medidas de austeridad necesarias que eviten deudas irresponsables.
Los gobiernos municipales tendrán que hacer lo propio. Ejemplo de que si se puede es lo que hace Manzanillo. También hay que revisar la propuesta de Tecomán, que están empezando a hacer lo suyo para ahorrar y enfrentar la crisis.
Convocamos todos los poderes de gobierno en el estado, sumar esfuerzos y lograr un gran acuerdo de austeridad y buen gobierno en beneficio de toda la población colimense. Es tiempo de cambiar.