*“Quienes lleguen a completar las mil 250 semanas de cotización tendrán pensiones equivalentes a un salario mínimo y la mayoría ni siquiera lo sabe”, dijo el experto de la Universidad de Guadalajara.
Hace unos días se inauguró, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, el Diplomado en Derecho de la Seguridad Social que organiza el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas y tuvo como primer ponente al destacado académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, Ángel Guillermo Ruiz Moreno con el tema: “Introducción a la seguridad social y al Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador”.
En entrevista, el reconocido jurista, quien además es presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, comentó que la disciplina del derecho de la seguridad social es una de las menos estudiadas y entendidas en el país por la complejidad de su perfil, el cual abarca áreas como el derecho administrativo y económico, así como el ámbito fiscal, laboral y financiero, además de ser un servicio público y una de las responsabilidades del Estado Mexicano: “Es tan complejo este tema que, en realidad, casi no hay expertos, excepto quienes nos dedicamos al estudio de esta disciplina”.
Algunos los problemas que existen en el actual sistema de seguridad social, señaló, empiezan desde la definición misma de este concepto, en el Artículo 123 de la Constitución Mexicana, que lo designa como “Del trabajo y la previsión social” y no “Del trabajo y la seguridad social”, como debería ser. Además, dijo, “existe una dispersión de sistemas con la creación de múltiples instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el INFONAVIT; ninguno es igual a otro, lo que rompe con el principio de unicidad que debe imperar en los seguros sociales”.
“En este contexto es difícil administrar justicia y, más aún, a la luz de una reforma laboral que empezará a operar pronto y en donde lo más probable es que no se tenga la expertiz necesaria para administrar justicia en materia de seguridad social”, comentó.
Actualmente, agregó el investigador, en la mayoría de programas académicos de las universidades del país no se contempla el estudio del derecho de la seguridad social, no solamente en las carreras de derecho, sino en otras que están vinculadas al tema, como la contaduría: “Esto es un problema que atañe a abogados y contadores, pero también a administradores de empresas, por eso en este diplomado hay gente de cada una de estas áreas, porque es un tema muy complejo que no se ha terminado de comprender”.
Asimismo, aseguró que son clave diplomados como el que ofrece actualmente el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas para una mayor comprensión del tema que, junto con el juicio de amparo, es uno de los ámbitos de orgullo en el derecho mexicano. “Sin embargo se ignora, la gente no sabe que son sus derechos y por eso no los exige. La seguridad social es un derecho humano, un derecho social y además un derecho exigible al Estado Mexicano”.
Uno de los grandes retos en este rubro, abundó, es el sistema de pensiones que actualmente requiere una reforma estructural a fondo y no “simples remedios de maquillaje”, como aumentar la edad para pensionarse, aumentar semanas de cotización o aportes de cotización; “es el gran desafío del sistema de seguridad social mexicano, porque las generaciones actuales que lleguen a completar las mil 250 semanas de cotización, tendrán pensiones de miseria equivalentes a un salario mínimo y la mayoría ni siquiera lo sabe, porque a este problema hay que agregar la falta de educación previsional, como sí ocurre en otros países”.
Señaló que la cantidad de dinero que requiere el sistema de pensiones para este 2020 es “escalofriante” y, conforme avancen las siguientes generaciones, se irá complicando el panorama: “Vamos caminando a ser un país de viejos y de pobres y esto, tal cual están dadas las circunstancias, será insostenible. De seguir así, en 20 años estará colapsada nuestra economía”, advirtió.
Dijo que esta situación ha llegado hasta sus actuales circunstancias por la cultura de “el que venga después que se haga responsable”, y se ha agravado desde el sexenio de Vicente Fox hasta a la fecha. “Se ha hecho mucho énfasis en el asistencialismo social, sobre todo el clientelar, que dizque combate a la pobreza, y el Seguro Popular. En realidad, todo esto es asistencialismo que no permite vías ni mecanismos de acceder a un medio jurídico para exigir y reclamar nuestros derechos, derechos a la salud, a la pensión, a la vivienda, a las guarderías y estancias infantiles”.
En este sentido, agregó que la situación es delicada porque, además de las leyes mexicanas, la seguridad social está contemplada en dos preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 22 y 25) y el artículo primero constitucional cuenta con el principio de convencionalidad, el cual señala que los pactos que México ha signado tienen el mismo nivel jurídico que el de la Constitución, así como el principio pro persona: “Entonces, tenemos también la legislación internacional, que es marco jurídico vigente en México y con eso estamos del otro lado”.
Por último, comentó que en este contexto el papel de las universidades es protagónico “porque son los espacios donde se generan los investigadores y expertos en cada área”, y felicitó a la UdeC por crear programas académicos en los cuales se puede hablar sobre temas fundamentales como el de la seguridad social.
