=Rinde Sabino Hermilo Flores Arias informe de labores.
Alfredo Quiles Cabrera
Al rendir su informe de labores 2019 ante los representantes de los tres Poderes del Estado, Sabino Hermilo Flores Arias dio a conocer que durante el año que se informa se emitieron 13 recomendaciones, 9 a dependencias estatales y 4 a municipios, en las cuales se aplicaron diversas medidas, como Diseñar y llevar a cabo un programa integral de educación, capacitación y formación; iniciar los procedimientos de investigación correspondiente para determinar responsabilidades administrativas o judiciales.
En Sesión Ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura, cuando debió de ser Sesión Solemne, Flores Arias destacó que las autoridades señaladas se les hizo la recomendación de la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas; se proceda a la reparación integral del daño a la víctima, y se incorpore la perspectiva de género en las funciones públicas.
Flores Arias dio a conocer que durante el lapso que se informa “la defensa y protección es la esencia y la razón de existir de los organismos defensores de derechos humanos, de su eficacia depende en gran medida que el tejido social se restablezca y se fortalezca, ya que se insiste, si todos cumplimos nuestras obligaciones no habría necesidad de reclamar derechos”.
Dijo que cumpliendo con el compromiso de promover el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, durante este último año, en este rubro, se atendieron a mil 610 personas con asesorías y efectuamos 48 gestiones.
Se iniciaron 639 expedientes de investigación por denuncias de la ciudadanía ante presuntas violaciones a sus Derechos Humanos.
Las dependencias con mayor número de señalamientos fueron: la Fiscalía General del Estado con 199, Ayuntamientos con 162, Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 112, Secretaría de Educación del Estado con 45 y otras dependencias de Gobierno del Estado de Colima con 44 quejas.
Del número de expedientes que involucran la participación de autoridades municipales, los más señalados son: Villa de Álvarez con 45, Colima con 40, Manzanillo con 31, Tecomán con 19, así como Cuauhtémoc y Comala con 6 señalamientos cada uno.
Además, se remitieron 75 expedientes de quejas a la CNDH, atribuidas a autoridades y servidores públicos de carácter federal.
De la misma manera dijo que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la comisión respectiva, se realizaron acciones de apoyo en la búsqueda y localización de personas extraviadas en el Estado y otras entidades.
“En 2019 dimos trámite a 101 fichas de búsqueda y localización, de las cuales, 5 corresponden a menores de edad, 18 mujeres, 81 hombres y 2 adultos mayores”, dijo.
Señaló que “a pesar de la insuficiencia presupuestaria aprobada, los esfuerzos realizados por el equipo de colaboradores, han permitido hacer frente a esas obligaciones legales en materia de responsabilidades administrativas, como las que se derivan de diversas leyes, ello debido a que su expedición, no van acompañadas de la suficiencia presupuestal”.
Informó que el anteproyecto de presupuesto de la CDHEC fue 16 millones 864 mil 428 pesos, el Congreso del Estado solo autorizó 9 millones 500 mil pesos lo que obligo a postergar actividades trascendentes que impactan al desarrollo institucional.
MENSAJE
En su mensaje a los diputados locales y ciudadanía en general, Flores Arias dijo que “la aplicación de la ley no debe verse como antagónica del respeto a la dignidad humana, por ello sostenemos que están equivocados quienes identifican la promoción y defensa de los derechos humanos, como un obstáculo para la aplicación de la justicia”.
Afirmó que “las cuestiones relacionadas con el abatimiento de la inseguridad y la violencia volvieron a tener un papel relevante durante 2019.
Se pronunció por la necesidad de una revisión integral, multidisciplinaria y multidimensional de las políticas públicas en seguridad y justicia, “que no se agote con la creación de un cuerpo de fuerza intermedia, como la Guardia Nacional, o la revisión del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva, sino que implica, además, la debida formación y capacitación de militares, policías y guardias nacionales.
“La modernización de los sistemas de inteligencia; el replanteamiento de las políticas de producción y consumo de drogas; el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia; así como el poder contar con una Fiscalía General y 32 fiscalías locales, realmente autónomas”.
Reconoció que “campea una percepción generalizada en la sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, que han debilitado a nuestras instituciones democráticas y dividido a la sociedad.
“La aplicación de la ley se ve, en una concepción por completo errónea, como antagónica del respeto a la dignidad humana, llegando a identificar la promoción y defensa de los derechos humanos, equivocadamente como un obstáculo para la aplicación de la justicia o una vía para perpetuar la ilegalidad”, concluyó.