La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
En nuestro estado vivimos actualmente una situación tanto alarmante. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un total de 408 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas de enero a septiembre, lo que representa una tasa de 105.1 agredidas por cada 100 mil mujeres y coloca a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional. Se ha reportado el asesinato de 66 mujeres, lo que coloca a Colima como el estado con el primer lugar nacional por homicidios dolosos, con una tasa de 17 víctimas por cada 100 mil mujeres. De estos, sólo 6 fueron tipificados como feminicidios, es decir 1.5 víctimas por cada 100 mil mujeres, colocando a la entidad en el séptimo lugar nacional.
Los tipos de violencia contra las mujeres más registrados incluyen violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y equiparada. De estas las principales modalidades son familiar, laboral, comunitaria, institucional, feminicida, obstétrica y política.
En su mayoría se trata de mujeres entre 19 a 46 años de edad, casadas, con un nivel de escolaridad máximo en secundaria, principal punto rojo. Ya que conforme la mujer tiene acceso a niveles educativos más elevados, los índices de violencia disminuyen considerablemente.
¿Se ha avanzado? Sí; ¿Aún falta camino por recorrer? Definitivamente. Un avance significativo es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima desde el 2008 (modificada en 2018), también se cuenta con medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación especificas gracias a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida para nuestra entidad. Sin embargo, aún hace falta que los ordenamientos normativos locales sean equitativos en materia de género, lograr un mayor equilibrio en cuanto a las oportunidades y la participación de las mujeres, jóvenes y niñas; y sobre todo mayor capacitación al personal de las diferentes instituciones en perspectiva de género para lidiar de forma más expedita con la problemática.